En un movimiento clave para redefinir la estrategia de seguridad en el país, el Gobierno de México puso en marcha, por primera vez, la Escuela para Mandos en la Academia Nacional de Seguridad Pública, un proyecto que busca formar a la nueva generación de líderes encargados de enfrentar la violencia.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, subrayó que esta iniciativa permitirá homologar, por primera vez, la formación de mandos federales, estatales y municipales, estableciendo un lenguaje común, criterios operativos compartidos y una visión integral del sistema de seguridad.

“El objetivo es contar con mandos altamente preparados, con una visión conjunta y capacidades para atender de manera integral los factores que generan la violencia”, destacó.

La Escuela para Mandos inició actividades el pasado 13 de abril con una primera generación de 34 servidores públicos, provenientes de instituciones clave como la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la propia SSPC.

Este modelo de formación contempla capacitación teórico-práctica orientada a fortalecer la toma de decisiones estratégicas, la coordinación operativa entre autoridades y el uso de herramientas tecnológicas de vanguardia, con un enfoque basado en evidencia y respeto a los derechos humanos.

Autoridades del sector seguridad coincidieron en que este proyecto representa un paso histórico, al pasar de esquemas de formación aislados a un modelo nacional estandarizado, que permitirá fortalecer la conducción de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, destacó que esta primera generación refleja el compromiso de consolidar mandos con capacidad de liderazgo, responsabilidad y visión estratégica.

La creación de esta escuela se enmarca en la Estrategia Nacional de Seguridad, como uno de los pilares para fortalecer la coordinación entre instituciones y mejorar la respuesta del Estado frente a los retos en materia de violencia.