La administración Trump busca ahorrar 4.4 millones de dólares al año mientras redirige recursos para reabrir misiones diplomáticas en Venezuela, Siria y Libia.
La administración del presidente Donald Trump notificó al Congreso de Estados Unidos su decisión de cerrar cinco misiones diplomáticas ubicadas en África, Asia y el hemisferio occidental, como parte de un plan de reducción de gastos y reestructuración del servicio exterior que, según estimaciones oficiales, permitirá un ahorro anual de aproximadamente 4.4 millones de dólares.
De acuerdo con información difundida por The Associated Press, las sedes que dejarán de operar son la embajada en St. George’s, Granada; los consulados en Nagoya, Japón, y Medan, Indonesia; el Puesto de Presencia Estadounidense en Winnipeg, Canadá; y la oficina de la embajada en Douala, Camerún. La mayoría de estas representaciones cuenta con una plantilla reducida de personal estadounidense y empleados locales.
La medida se suma al cierre permanente del consulado estadounidense en Peshawar, Pakistán, anunciado previamente, y forma parte de una estrategia para hacer más eficiente la estructura diplomática del país sin estar vinculada a una crisis geopolítica específica.
Mientras reduce su presencia en algunas regiones, el Departamento de Estado destina recursos para reabrir las embajadas de Estados Unidos en Caracas, Damasco y Trípoli, con el objetivo de restablecer su presencia diplomática en esos países tras los cambios políticos registrados en años recientes.
La decisión ha generado críticas entre legisladores demócratas y exfuncionarios de política exterior, quienes advierten que la disminución de la presencia diplomática, sumada al recorte de operaciones de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), podría debilitar la influencia de Washington y abrir espacios para que potencias como China y Rusia amplíen su presencia internacional.
En contraste, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha defendido la reorganización al señalar que busca reducir costos y hacer más eficiente una estructura que el gobierno considera sobredimensionada, en línea con la política de “América Primero” impulsada por la administración Trump.
