La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, propuso una agenda de trabajo conjunto con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) para atender problemáticas sociales y fortalecer la protección, restitución y garantía de los derechos de la población.

Durante la presentación del Informe Anual 2025 del organismo, la mandataria capitalina planteó cinco acciones prioritarias: transformar la Procuraduría Social en la Defensoría Social del Pueblo; construir un nuevo modelo penitenciario enfocado en la reinserción; desarrollar una política integral para atender a personas en situación de calle; establecer un protocolo para la atención de desalojos y fortalecer el acompañamiento a personas desaparecidas y sus familias.

Brugada Molina señaló que la CDHCM debe mantener su autonomía e independencia y contar con capacidad para prevenir e investigar violaciones a derechos humanos, exigir responsabilidades y contribuir a la reparación de las víctimas.

“Para todas estas tareas necesitamos una Comisión de Derechos Humanos fuerte e independiente; incómoda cuando tenga que ser incómoda, crítica, cuando tenga que ser crítica y siempre cercana a las víctimas”, afirmó.

Asimismo, propuso avanzar en el reconocimiento constitucional de nuevos derechos, entre ellos el derecho al cuidado, el derecho al arraigo y el derecho a la educación inicial y a un ingreso garantizado para niñas y niños de cero a tres años.

La presidenta de la CDHCM, María Dolores Saravia Calderón, destacó los avances del organismo en materia de restitución inmediata de derechos, atención territorial en las 16 alcaldías y acompañamiento a procesos de búsqueda y movilizaciones sociales. También señaló la importancia de fortalecer la documentación de casos para identificar problemáticas estructurales y garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición.

Por su parte, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, reconoció la coordinación con la Comisión y destacó que el diálogo interinstitucional permite atender las demandas de las víctimas sin renunciar a la autonomía del organismo.