La cámara baja del parlamento de Pakistán aprobó un controvertido proyecto de ley que otorgará al gobierno amplios controles sobre las redes sociales, incluido el envío de usuarios a prisión por difundir desinformación.

El proyecto de ley fue aprobado rápidamente después de que los legisladores del partido de oposición del ex primer ministro encarcelado Imran Khan organizaron una huelga para denunciar la ley.

Los críticos dicen que el gobierno busca suprimir aún más la libertad de expresión.

Farhatullah Babar, un destacado activista de derechos humanos, dijo que los últimos cambios a la ley de delitos cibernéticos tenían como objetivo sofocar aún más la libertad de expresión mediante el establecimiento de múltiples autoridades bajo el control ejecutivo, ampliando la huella de las agencias de inteligencia que no rinden cuentas.

Dijo que la ley también da amplios poderes al ejecutivo no solo sobre el contenido del mensaje, sino también sobre los mensajeros, es decir, las plataformas de redes sociales.

Según la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos, que se presentó en la Asamblea Nacional las autoridades crearían una agencia con el poder de ordenar el bloqueo inmediato de contenido considerado ilegal y ofensivo de las redes sociales, como contenido crítico con los jueces, las fuerzas armadas, el parlamento o las asambleas provinciales. Las personas y organizaciones que publiquen ese tipo de contenido también pueden ser bloqueadas en las redes sociales.

Según la ley, las plataformas de redes sociales deberán registrarse en la nueva Autoridad de Protección y Regulación de las Redes Sociales, y quienes no cumplan podrían enfrentar prohibiciones temporales o permanentes. La ley también convierte la difusión de desinformación en un delito penal, punible con tres años de prisión y una multa de 2 millones de rupias (7.150 dólares).

Los sindicatos que representan a periodistas y editores de noticias rechazaron el proyecto de ley.

El ministro de Información, Attaullah Tarar, defendió la ley, diciendo que solo tenía como objetivo detener la difusión de desinformación y discursos de odio. Khan dijo a los periodistas en Islamabad que todavía estaba dispuesto a abordar las preocupaciones del periodista y que la ley no tenía por objeto imponer restricciones a los medios electrónicos ni a los periodistas.

La decisión del gobierno de aprobar el proyecto de ley se produce casi un año después de que Pakistán bloqueara la plataforma X antes de unas elecciones que el partido de la oposición de Khan dice que fueron amañadas. X sigue bloqueada en el país, aunque mucha gente utiliza redes privadas virtuales para acceder a ella, como en otros países con estrictos controles de Internet.

Khan tiene un gran número de seguidores en las redes sociales, especialmente en X, donde los partidarios hacen circular con frecuencia demandas de su liberación. Khan ha estado entre rejas desde 2023, cuando fue arrestado por corrupción. El partido de Khan también utiliza las redes sociales para organizar manifestaciones.

El líder de la oposición denunció la legislación propuesta, diciendo que tenía como objetivo suprimir aún más la libertad de expresión. Omar Ayub Khan, que no tiene relación con el ex primer ministro encarcelado, dijo que el proyecto de ley podría “sentar las bases para la supresión de las voces que abogan por los derechos constitucionales”.

En los últimos años, los medios de comunicación paquistaníes han sufrido una creciente censura. Los periodistas han dicho que sufren presiones estatales para evitar utilizar el nombre de Imran Khan, y la mayoría de las cadenas de televisión han empezado a referirse a él únicamente como el “fundador del partido PTI”.

Los defensores de los derechos humanos y los sindicatos de periodistas han prometido oponerse a la ley, pero, como el gobierno tiene mayoría, su aprobación está prácticamente asegurada.