Un tribunal español rechazó el recurso de Airbnb y mantuvo en vigor la orden de bloquear casi 66.000 anuncios de alquiler que, según el gobierno, infringían la normativa local.

El gobierno ha afirmado que los alquileres a corto plazo de la plataforma en centros urbanos y zonas turísticas de moda están contribuyendo a la crisis de vivienda en España, mientras el país recibe cifras récord de visitantes.

El mes pasado, el gobierno español ordenó a Airbnb bloquear 65.935 anuncios en el país después de que el Ministerio de Defensa de los Consumidores los detectara por infracciones. Airbnb tuvo que retirar inmediatamente 5.800 de ellos.

El ministerio ha afirmado que los anuncios que marcó no incluían su número de licencia ni especificaban si el propietario era un particular o una empresa. Añadió que otros incluían números que no coincidían con los que tenían las autoridades.

Airbnb afirmó que las acciones del ministerio contravenían la normativa española que responsabiliza a los propietarios de alquileres vacacionales, y no a la plataforma, de publicar dicha información. También indicó que la decisión del tribunal de Madrid no se basó en el fondo de la orden del ministerio, y añadió que tardará más en resolverse.

La compañía afirmó que la crisis inmobiliaria en España se debe a la falta de oferta para satisfacer la demanda y que cualquier otra cosa es una distracción.

El mes pasado, el ministro de Derechos del Consumidor, Pablo Bustinduy, declaró a The Associated Press que el sector turístico no podía “poner en peligro los derechos constitucionales de los españoles”, incluido su derecho a la vivienda y al bienestar.

Carlos Cuerpo, ministro de Economía, declaró en otra entrevista que el gobierno debía abordar los efectos secundarios no deseados del turismo de masas. Abogó por la construcción de más viviendas y la regulación de los alquileres vacacionales.