El Congreso de El Salvador votó a favor de otorgar a la fiscalía dos años más para detener a las más de 80,000 personas detenidas bajo el estado de emergencia mientras investigan presuntos vínculos con las pandillas del país.

El Congreso, controlado por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele y sus aliados, votó 57 a 3 a favor de extender el período de prisión preventiva.

El fiscal general Rodolfo Delgado afirmó que con la extensión las autoridades podrían realizar investigaciones más completas, presentar pruebas sólidas y obtener sentencias contra miembros del crimen organizado.

Los legisladores también dieron al gobierno la opción de extender la prisión preventiva por otros 12 meses si fuera necesario.

La mejora de la seguridad pública bajo el estado de emergencia ha incrementado la popularidad de Bukele, pero la suspensión de algunos derechos constitucionales y la falta general de debido proceso han generado críticas dentro y fuera de El Salvador. La diputada opositora Claudia Ortiz, del partido VAMOS, afirmó el viernes que esto demuestra la incapacidad del gobierno para impartir justicia.

“Han tenido más de dos años para realizar una investigación seria de todos los casos y llevar a juicio a todos los detenidos, y como no lo han hecho a tiempo, la Asamblea (Nacional) tiene que hacerle un favor a la Fiscalía General de la República”, declaró.

Tras un brote de violencia pandillera en marzo de 2022, Bukele solicitó a los legisladores poderes extraordinarios para responder a una masacre pandillera. Entre los derechos que el Congreso acordó suspender se encuentran el plazo máximo para llevar a un preso ante un juez, así como protecciones fundamentales como el acceso a un abogado.

Desde entonces, más de 88.000 personas han sido arrestadas por presuntos vínculos con pandillas, y el 90% aún espera juicio.

En julio de 2023, el Congreso votó a favor de otorgar al gobierno 24 meses para procesar a un grupo de pandilleros. Ese plazo vence este mes, el 25 de agosto.

Delgado explicó que el plan es llevar a cabo cientos de juicios masivos, ya que han logrado clasificar a los acusados en grupos.

“Esta gran cantidad de personas no va a ser juzgada en una o dos semanas”, afirmó Delgado. “Los jueces tardan bastante tiempo en recibir las pruebas que vinculan a cada uno de ellos y luego emitir los veredictos de acuerdo con la ley correspondiente”.