Fueron más de 60 países quienes firmaron en Vietnam un tratado de la ONU contra la ciberdelincuencia, a pesar de la oposición de un grupo de empresas tecnológicas y organizaciones de derechos humanos que advierten del aumento de la vigilancia estatal.

En el nuevo marco jurídico mundial tiene por objeto reforzar la cooperación internacional para luchar contra los delitos digitales, desde la pornografía infantil hasta las estafas cibernéticas transnacionales y el lavado de dinero.

Este acuerdo entrará en vigor una vez que sea ratificado por los Estados que lo rubricaron. El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó la firma como un hito importante, pero señaló que era solo el comienzo.

“Cada día, estafas sofisticadas destruyen familias, roban a migrantes y drenan miles de millones de dólares de nuestra economía… Necesitamos una respuesta global fuerte y conectada”, dijo en la ceremonia de apertura celebrada en Hanói, la capital vietnamita.

Fue en 2017 cuando se propuso por primera vez la creación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia y fue aprobada por consenso el año pasado tras largas negociaciones.

El gobierno de Vietnam afirmó esta semana que 60 países se habían inscrito para la firma oficial, sin revelar cuáles. Pero es probable que la lista no se limite a Rusia, China y sus aliados.

La industria de las estafas en línea, por ejemplo, se ha disparado en los últimos años en el sudeste asiático, con miles de delincuentes involucrados y víctimas en todo el mundo a las que se les ha robado miles de millones.

Los países democráticos podrían describir la convención de la ONU como un documento de compromiso, ya que contiene algunas disposiciones sobre derechos humanos, añadió.

Sin embargo, estas salvaguardias fueron tachadas de débiles en una carta firmada por más de una docena de grupos de derechos humanos y otras organizaciones.

La delegación del Acuerdo Tecnológico sobre Ciberseguridad en las negociaciones del tratado, que representa a más de 160 empresas, entre ellas Meta, Dell e Infosys de la India, no se hizo presente en Hanói, declaró su jefe, Nick Ashton-Hart.

Esas empresas advirtieron anteriormente que la convención podría criminalizar a los investigadores en materia de ciberseguridad y permitir a los Estados cooperar en casi cualquier acto delictivo que elijan.

El posible exceso de poder de las autoridades supone graves riesgos para los sistemas informáticos corporativos de los que dependen miles de millones de personas cada día, afirmaron durante el proceso de negociación.

Por el contrario, un acuerdo internacional ya existente, el Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia, incluye directrices para utilizarlo de forma respetuosa con los derechos, según Ashton-Hart.