El gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, propuso una reforma para castigar con cadena perpetua a los menores que hayan cometido asesinatos o violación, pertenezcan o no a las pandillas, lo que será sometido a aprobación del Congreso, dominado por el oficialismo.

La propuesta amplía el alcance de la reforma constitucional que fue aprobada el martes por la Asamblea Legislativa, a solicitud de Bukele, y que endurece con la imposición de cárcel de por vida a los homicidas, violadores y terroristas.

“Estamos proponiendo traer ese juzgamiento a las penas de cadena perpetua aun en el caso de menores de edad” que cometan esos delitos, dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la iniciativa ante una comisión legislativa.

El menor que entra voluntariamente a una organización criminal o aquel que viola o mata no debe tener un tratamiento diferente al de quien comete delitos menos graves, subrayó.

El ministro justificó la necesidad de esa medida porque, según dijo, la ley penal juvenil siempre garantizó recurso humano barato, impune y reciclable a las organizaciones criminales.

Ante la misma comisión, el ministro de Defensa, Francis Merino, manifestó que muchos de los homicidios de las pandillas fueron producto de la permisibilidad de las leyes que hay que reformar.

Hasta ahora la condena máxima era de 60 años y la pena perpetua estaba expresamente prohibida en la Constitución.

La enmienda debe ser ratificada por el Congreso, mientras que la norma que incluye a los menores deberá ser sometida a aprobación legislativa en los próximos días.

A petición de Bukele, la Asamblea Legislativa reformó hace un año una ley para enviar a menores detenidos vinculados a pandillas a cárceles de adultos, donde estarán separados de ellos hasta que cumplan 18 años.

En un informe de julio de 2024, Human Rights Watch documentó la detención de más de 3.000 niños y adolescentes bajo el régimen de excepción que sustenta la guerra contra las pandillas, lo que esa organización internacional consideró violatorio de normas internacionales.

Bukele goza de popularidad porque redujo los homicidios a mínimos históricos en su país y desarticuló a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas terroristas por Estados Unidos y El Salvador.

Pero su política de seguridad, que quieren replicar varios países de América Latina, es criticada por grupos de derechos humanos porque se basa en un régimen de excepción vigente desde hace cuatro años, bajo el cual han sido detenidas sin orden judicial 91.500 personas acusadas de ser miembros o cómplices de las pandillas.

El ministro Villatoro aseguró que la cadena perpetua se aplica en Canadá, Perú, Chile, Argentina y Estados Unidos, país en el que se admite esa condena a menores, pero con la posibilidad de que puedan salir en algún momento bajo libertad condicional.

Oenegés nacionales como Cristosal, en el exilio, e internacionales como HRW, Amnistía Internacional, denuncian arrestos de miles de inocentes, torturas, muertes en prisión y desapariciones forzadas.

El endurecimiento de la ofensiva antipandillas ocurre una semana después de que un grupo de destacados juristas internacionales señalara al gobierno de cometer crímenes de lesa humanidad en su política contra la delincuencia.

El presidente salvadoreño rechaza esas acusaciones, tilda a las oenegés de bufetes de defensa de criminales y asegura que pretenden la liberación de miles de pandilleros.