Una nueva batalla legal se abrió contra la política comercial de Donald Trump, luego de que 25 estados de Estados Unidos presentaran una demanda para intentar detener los nuevos aranceles impuestos por su administración a 60 economías, entre ellas México, China, Canadá y países de la Unión Europea.

La acción fue interpuesta ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, donde los estados argumentan que la Casa Blanca utilizó de manera indebida una normativa comercial para aplicar tarifas de entre 10 y 12.5 por ciento a productos importados.

Los demandantes señalan que el gobierno de Trump tomó como argumento las denuncias sobre trabajo forzoso en cadenas de suministro internacionales para justificar una política arancelaria de alcance global, sin que exista una relación directa entre ambos temas.

La administración republicana defiende las medidas al asegurar que buscan proteger a la economía estadounidense y evitar el ingreso de mercancías vinculadas con prácticas laborales abusivas. Sin embargo, los estados opositores consideran que se trata de una estrategia para recuperar el esquema de aranceles que anteriormente fue cuestionado por los tribunales.

El nuevo conflicto surge después de que la Corte Suprema de Estados Unidos limitara en 2026 el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia (IEEPA) como fundamento para imponer gravámenes amplios. Ante ello, la administración Trump recurrió a nuevas herramientas legales, entre ellas la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Mientras la Casa Blanca sostiene que cuenta con respaldo jurídico para aplicar las tarifas, los estados demandantes aseguran que el gobierno busca mantener una política comercial agresiva mediante otro mecanismo legal.

La disputa representa un nuevo capítulo en la estrategia económica de Trump, quien ha defendido los aranceles como una herramienta de presión para obtener ventajas comerciales y renegociar acuerdos con otros países.