La empresa tecnológica Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, fue condenada a pagar 567 millones de dólares tras una demanda presentada por el estado de Nuevo México, en Estados Unidos, por presuntos daños ocasionados a menores de edad debido a fallas en la protección de los usuarios jóvenes dentro de sus plataformas digitales.

La resolución judicial concluyó que la compañía incurrió en una “molestia pública” al no implementar medidas suficientes para prevenir que niñas, niños y adolescentes estuvieran expuestos a contenido potencialmente dañino, así como a riesgos derivados del contacto con adultos malintencionados y otras amenazas presentes en las redes sociales.

El juez consideró que Meta no actuó con la diligencia necesaria para reducir los riesgos asociados con el uso de sus plataformas, pese a que desde hace varios años existen advertencias sobre los efectos que determinados algoritmos, recomendaciones de contenido y sistemas de interacción pueden tener en la salud mental y el bienestar de los menores.

La sentencia se suma a otro revés legal para la empresa. En marzo pasado, un jurado también responsabilizó a Meta por exponer a usuarios menores de edad a situaciones de riesgo dentro de sus redes sociales y le ordenó pagar 375 millones de dólares, lo que refleja el creciente escrutinio judicial que enfrenta la compañía en torno a la protección de la infancia en el entorno digital.

Ante el fallo, Meta anunció que presentará una apelación, al considerar que la resolución no refleja los esfuerzos realizados por la empresa para fortalecer la seguridad de sus plataformas. La compañía sostuvo que en los últimos años ha desarrollado nuevas herramientas de supervisión parental, controles de privacidad, verificación de edad y sistemas de inteligencia artificial para detectar contenido perjudicial y conductas inapropiadas.

Como parte de la resolución, el juez también impuso nuevas medidas de protección para los menores de 18 años residentes en Nuevo México. Entre ellas destaca un límite de 90 horas mensuales de uso acumulado de Facebook e Instagram, además de otras restricciones orientadas a reducir la exposición prolongada a las redes sociales y fomentar un entorno digital más seguro.

El fallo establece además que parte de los recursos obtenidos mediante la sanción económica serán destinados a programas de salud mental, prevención del acoso digital, educación tecnológica y concientización sobre los riesgos del uso excesivo de redes sociales, especialmente entre niñas, niños y adolescentes.

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, señaló que el objetivo del proceso no es únicamente imponer una sanción económica, sino establecer un precedente que obligue a las grandes empresas tecnológicas a asumir una mayor responsabilidad por el impacto que sus plataformas pueden tener en el desarrollo y la seguridad de los menores.

Este caso se suma a una serie de investigaciones y demandas que enfrentan Meta y otras compañías tecnológicas en Estados Unidos y distintos países, donde autoridades y organismos reguladores analizan el impacto de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes, el uso de algoritmos para mantener la atención de los usuarios y la eficacia de los mecanismos de protección implementados para evitar situaciones de explotación, acoso o exposición a contenido nocivo.