El Gobierno de Delcy Rodríguez y sectores de la oposición venezolana alcanzaron un acuerdo para intentar recuperar las 31 toneladas de oro depositadas en las bóvedas del Banco de Inglaterra, cuyo valor se estima en unos 4 mil millones de euros y que permanecen bloqueadas desde hace casi ocho años.

El acceso a los lingotes quedó restringido después de que Reino Unido dejara de reconocer al Gobierno venezolano en 2018. Desde entonces, el control de los activos se mantiene en disputa ante los tribunales británicos, por lo que cualquier liberación dependerá de una resolución judicial.

De acuerdo con un comunicado conjunto difundido por las delegaciones, los recursos serían utilizados para atender las necesidades de reconstrucción provocadas por los terremotos del pasado 24 de junio, que dejaron más de 6 mil personas fallecidas, según los balances citados.

El diputado Ramón López, integrante de la delegación opositora que participa en las mesas de diálogo, explicó que el acceso a los fondos estaría sujeto a mecanismos de control, auditorías internacionales y una planificación específica para financiar viviendas, hospitales y escuelas en las zonas afectadas.

Según el legislador, los recursos serían depositados en cuentas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y supervisados mediante auditorías de empresas internacionales. La oposición ha insistido en establecer mecanismos de transparencia para evitar un posible uso irregular del dinero.

El acuerdo se produce en medio de una severa crisis económica venezolana. El Banco Central reportó que la inflación mensual aumentó a 19.9% en julio, mientras estimaciones de economistas ubican la inflación anual alrededor de 575%.

El Gobierno venezolano ya había solicitado al rey Carlos la liberación del oro. Sin embargo, el Banco de Inglaterra mantiene su posición de esperar una definición legal antes de entregar los lingotes.

La disputa por el oro ocurre mientras Caracas busca recuperar paulatinamente el acceso a recursos internacionales y avanzar en negociaciones sobre las sanciones, la inversión extranjera y la reestructuración de una deuda soberana que se estima en alrededor de 240 mil millones de dólares.