Revisará si agentes federales dejaron avanzar cargamentos de opioides para fortalecer investigaciones contra redes de narcotráfico.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una revisión sobre una controvertida estrategia utilizada por agentes federales, mediante la cual presuntamente permitieron que cargamentos de fentanilo llegaran a las calles con el objetivo de obtener información y construir casos más amplios contra organizaciones del narcotráfico.
La investigación estará a cargo del inspector general del Departamento de Justicia y analizará las políticas aplicadas durante los últimos dos años, así como operaciones en las que la Administración para el Control de Drogas (DEA) habría tenido conocimiento previo de envíos de fentanilo mediante escuchas telefónicas, pero decidió no intervenir para evitar afectar investigaciones en curso.
La revisión ocurre después de una investigación de Associated Press que documentó que agentes de la DEA monitorearon, pero no incautaron, importantes cargamentos de fentanilo en Nuevo México entre 2023 y 2025. Uno de los casos involucró 74 mil pastillas que fueron vigiladas en Albuquerque sin que fueran aseguradas.
Agentes actuales y retirados han cuestionado la estrategia, al considerar que permitir deliberadamente el ingreso de drogas representa un riesgo para la población y podría contravenir las políticas federales destinadas a combatir el tráfico de opioides.
El administrador de la DEA, Terry Cole, solicitó una revisión específica luego de la publicación de la investigación de AP. Además, varios informantes de la agencia han presentado señalamientos sobre operaciones en las que presuntamente se permitió continuar con entregas de fentanilo pese a que las autoridades tenían información sobre ellas.
Entre los casos denunciados se encuentra un cargamento de aproximadamente 350 mil pastillas, así como múltiples entregas entre Phoenix y Albuquerque que, de acuerdo con agentes, podrían haber involucrado entre 50 mil y 100 mil pastillas en cada operación.
La revisión federal también ocurre mientras autoridades de Nuevo México investigan posibles violaciones a la legislación estatal y reclaman información al Departamento de Justicia. El fiscal general estatal, Raúl Torrez, incluso ha amenazado con emprender acciones legales ante la negativa de las autoridades federales a entregar documentos relacionados con las operaciones.
El inspector general deberá determinar ahora si la estrategia fue aplicada de manera sistemática y si la decisión de no intervenir en determinados cargamentos puso en riesgo a comunidades estadounidenses.
