El Gobierno de Bolivia aprobó un decreto para ampliar por otros 90 días el estado de excepción que rige desde el pasado 20 de junio, bajo el argumento de que persisten factores de riesgo que podrían afectar la estabilidad y la reactivación económica del país.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, confirmó la decisión después de una reunión de gabinete encabezada por el presidente Rodrigo Paz y señaló que el decreto será enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación.

La actual medida concluye el 18 de septiembre, por lo que el Ejecutivo busca que el Parlamento dé luz verde a la extensión antes de esa fecha. El senador opositor Milton Quispe explicó que el pleno de la Asamblea deberá analizar el decreto en un plazo de 72 horas y aprobarlo por mayoría simple, de acuerdo con el reglamento vigente.

La ampliación ocurre después de semanas de bloqueos carreteros y movilizaciones sociales protagonizadas principalmente por sectores campesinos y la Central Obrera Boliviana, con respaldo de grupos vinculados al expresidente Evo Morales. Las protestas, desarrolladas entre mayo y junio, exigían la salida del presidente Paz.

El conflicto provocó problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades, además de dejar al menos 16 personas fallecidas, según los datos citados por las autoridades, y pérdidas económicas superiores a los 3 mil millones de dólares.

El Gobierno sostiene que mantener la medida permitirá preservar las condiciones necesarias para la recuperación económica y hacer frente a posibles nuevas movilizaciones. De manera paralela, una comisión de la Cámara de Diputados también respaldó un proyecto para prolongar el estado de excepción.

Sin embargo, la propuesta genera críticas. El expresidente Jorge Tuto Quiroga advirtió que una nueva extensión podría retrasar la reforma constitucional que su sector considera necesaria para atraer inversión extranjera.