La diputada Vanessa López Carrillo, del Partido del Trabajo (PT), propuso reformar los artículos 383 y 385 del Código Penal Federal para considerar como abuso de confianza el uso no autorizado de tarjetas, credenciales o medios de pago mediante los cuales las personas reciben pensiones, apoyos económicos o beneficios de programas sociales.

La iniciativa establece que incurriría en este delito quien, siendo depositario, custodio, cuidador o encargado de alguno de estos instrumentos, disponga de los recursos para sí o para terceras personas sin consentimiento de la persona titular.

La propuesta contempla que las sanciones por abuso de confianza, actualmente de seis meses a seis años de prisión y multas de hasta cien veces el salario, puedan incrementarse hasta en una tercera parte cuando la víctima sea una persona adulta mayor o con discapacidad, o exista entre ambas partes una relación de parentesco, cuidado, custodia, subordinación o confianza.

El proyecto también plantea que las instituciones de procuración de justicia y el Banco del Bienestar establezcan protocolos accesibles para orientar, recibir y canalizar denuncias relacionadas con la retención o despojo de tarjetas de programas sociales.

La legisladora argumentó que existen casos en los que familiares, cuidadores o personas de confianza retienen las tarjetas o disponen de los recursos sin autorización, particularmente cuando los beneficiarios enfrentan dificultades de movilidad, discapacidad visual o brecha digital y requieren apoyo de terceros para retirar su dinero.

López Carrillo destacó que las pensiones para personas adultas mayores y personas con discapacidad constituyen mecanismos de protección social y consideró necesario fortalecer las herramientas legales para prevenir el despojo de estos recursos y garantizar que lleguen íntegramente a sus beneficiarios.