La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, presentó ante la Cámara de Diputados los principales resultados de la política ambiental del Gobierno de México y afirmó que la protección de los ecosistemas constituye una política de Estado vinculada directamente con el bienestar de las comunidades.

Durante su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Cambio Climático y Sostenibilidad, en el marco de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, destacó la recuperación de 306 mil hectáreas provenientes de concesiones mineras canceladas, que serán destinadas a la conservación.

Informó que México cuenta actualmente con 232 áreas naturales protegidas y 623 áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que en conjunto representan 99.3 millones de hectáreas bajo algún esquema de protección.

Entre los avances internacionales, resaltó la creación del Corredor Trinacional Biocultural Gran Selva Maya, acordado entre México, Guatemala y Belice, que comprende 58 áreas naturales y 5.7 millones de hectáreas, además de beneficiar a más de 600 mil personas.

En materia de restauración, la titular de Semarnat reportó acciones en 59 mil 630 hectáreas de 76 sitios prioritarios, mientras que la Jornada Nacional de Reforestación permitió plantar 6.6 millones de árboles y plantas, con la participación de 235 mil personas en las 32 entidades del país.

Respecto al derecho humano al agua, señaló que se contempla una inversión de 180 mil millones de pesos durante el sexenio, además de 20 mil millones destinados al saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula. Asimismo, la revisión de aproximadamente 538 mil concesiones permitió recuperar cinco mil millones de metros cúbicos de agua.

Bárcena también destacó los avances en materia de economía circular, acción climática y transición energética, así como la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0), mediante la cual México asumió metas absolutas de reducción de emisiones y el compromiso de alcanzar emisiones netas cero a mediados de siglo.

En materia de justicia ambiental, informó que se destinan mil 500 millones de pesos para atender las afectaciones en el río Sonora, con acciones que incluyen infraestructura hospitalaria, plantas potabilizadoras y remediación de suelos y cauces.

Ante legisladoras y legisladores, la secretaria reconoció además el avance de cinco instrumentos legislativos relacionados con la protección ambiental, entre ellos la nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Economía Circular, la legislación en materia de aguas y las reformas al desarrollo forestal y bienestar animal.

Asimismo, llamó a fortalecer las sanciones contra el tráfico ilegal de especies y planteó incorporar esta actividad como delito grave en el Código Penal.

Sobre la explotación mediante fracturación hidráulica, Bárcena aclaró que no existen condiciones ni autorización presidencial para avanzar en este tipo de explotación.

La secretaria subrayó que la política ambiental debe construirse de la mano de las comunidades y mediante acciones que permitan garantizar agua limpia, protección territorial, restauración de ecosistemas y justicia ambiental para la población.