El gobierno militar calificó de “sesgada” la resolución que responsabiliza al Estado por las atrocidades cometidas durante la ofensiva de 2017.
El régimen militar de Birmania rechazó el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que declaró al país responsable de cometer genocidio contra la minoría musulmana rohinyá durante las operaciones militares de 2017, en el estado de Rakáin.
A través de un comunicado, el Ministerio de Exteriores aseguró que la resolución es “selectiva” y “sesgada”, por lo que el gobierno encabezado por el general Min Aung Hlaing afirmó que se desvincula de la sentencia y rechazó sus conclusiones y recomendaciones.
El pronunciamiento se produjo después de que la CIJ determinara que las fuerzas de seguridad birmanas cometieron asesinatos masivos, violencia sexual y otras agresiones contra esta comunidad, además de destruir sistemáticamente sus aldeas. Los jueces concluyeron que existían elementos para acreditar la intención de destruir una parte sustancial de la población rohinyá.
El fallo también establece la obligación del Estado de investigar y castigar los crímenes, indemnizar a las víctimas y adoptar medidas para garantizar el cumplimiento de la Convención contra el Genocidio.
La denuncia fue presentada en 2019 por Gambia ante el máximo tribunal de Naciones Unidas. Sin embargo, el gobierno militar birmano sostiene que el proceso se basa en información que considera fabricada y que representa una injerencia en sus asuntos internos.
La resolución constituye un precedente histórico, al declarar por primera vez a un Estado responsable de genocidio en un fallo de la CIJ desde la creación del tribunal en 1945.









