La justicia británica anuló las órdenes de registro por utilizar una base legal incorrecta, pero la investigación sobre los vínculos con Jeffrey Epstein continúa abierta.
La Policía británica reconoció que los allanamientos realizados en febrero de 2026 en propiedades vinculadas al expríncipe Andrés fueron ilegales, luego de que las autoridades judiciales determinaran que las órdenes se emitieron con fundamento en una disposición legal inadecuada.
Durante una audiencia en la Alta Corte de Londres, el juez Nicholas Hilliard explicó que la Policía del valle del Támesis aceptó la invalidez de las órdenes, ejecutadas el 19 de febrero en Sandringham y en la antigua residencia del hermano del rey Carlos III, en Windsor.
Los registros fueron anulados el 22 de julio, aunque esta decisión no implica el cierre de las investigaciones ni invalida todas las actuaciones policiales. Las autoridades también analizan cómo conservar las pruebas incautadas durante los operativos.
Andrés, de 66 años, fue detenido brevemente en febrero por una investigación relacionada con sus vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Se sospecha que, durante su etapa como representante comercial del Reino Unido, entre 2001 y 2011, habría compartido documentos económicos confidenciales con Epstein.
La Policía también informó que examina una denuncia por presunta agresión sexual. El expríncipe ha negado haber cometido irregularidades relacionadas con el caso y, hasta el momento, no ha sido formalmente acusado.
El escándalo provocó que en 2025 fuera apartado de sus funciones y perdiera sus títulos reales. Además, tuvo que abandonar Royal Lodge, en Windsor, para trasladarse a una propiedad privada del rey en Sandringham, mientras avanzan las investigaciones.
