Paraguay enfrenta una profunda crisis política y financiera tras la intervención de Ueno Bank, una de las principales instituciones bancarias del país, cuya situación dejó a millones de usuarios sin acceso a sus recursos y provocó una ola de protestas ciudadanas.

El escándalo colocó en el centro de las críticas al presidente Santiago Peña, debido a sus antiguos vínculos empresariales con el grupo propietario de la institución financiera. La presión política aumentó luego de que legisladores opositores promovieran un juicio político en su contra.

De acuerdo con la información proporcionada, el Banco Central de Paraguay ordenó la intervención de Ueno Bank el pasado 3 de noviembre, luego de detectar que sus niveles de solvencia habían caído por debajo del mínimo requerido por la regulación. La medida provocó la suspensión de servicios bancarios y generó preocupación entre sus aproximadamente 2.9 millones de clientes.

Las investigaciones también pusieron bajo la lupa los recursos públicos administrados por la institución, entre ellos inversiones del Instituto de Previsión Social (IPS), que mantenía alrededor de 355 millones de dólares en el banco. Asimismo, ocho directivos fueron detenidos por posibles irregularidades financieras, mientras que Carlos Carvallo presentó su renuncia como titular del Banco Central.

En medio de este escenario, el mandatario habría presentado su renuncia este jueves 5 de noviembre, argumentando que su decisión buscaba proteger la estabilidad nacional, la paz social y las instituciones democráticas.

La crisis también provocó divisiones dentro del oficialismo y aumentó el descontento ciudadano, con manifestaciones de personas que exigen respuestas y garantías para recuperar sus ahorros.

Ante una eventual salida de Peña, el vicepresidente Pedro Alliana se perfila como su posible sucesor para concluir el periodo presidencial, previsto hasta 2028. Mientras tanto, las autoridades deberán definir los mecanismos para proteger a los ahorradores, esclarecer el destino de los recursos públicos y determinar las responsabilidades por las presuntas irregularidades financieras.

El futuro político de Paraguay dependerá, en buena medida, de la respuesta institucional a una crisis que comenzó en el sector bancario y terminó por comprometer la estabilidad del gobierno.