El máximo tribunal de apelación de Trinidad y Tobago derogó una legislación de origen colonial que penalizaba las relaciones homosexuales, en una decisión que representa un avance para los derechos de la comunidad LGBTQ en el Caribe.

En un fallo unánime, cinco jueces del Comité Judicial del Consejo Privado, con sede en Londres, determinaron que la Ley de Delitos Sexuales de 1986 no puede utilizarse para perseguir las relaciones sexuales privadas y consensuadas entre adultos del mismo sexo.

Las disposiciones anuladas contemplaban penas de hasta cinco años de prisión por el delito de sodomía y de dos años por actos considerados de indecencia grave.

La resolución puso fin a una batalla legal de aproximadamente una década, impulsada por el activista LGBTQ Jason Jones, quien calificó el resultado como una reivindicación de su lucha contra la discriminación y los prejuicios hacia la diversidad sexual.

El tribunal también estableció que los derechos constitucionales deben interpretarse conforme a las realidades actuales y reconoció que las relaciones amorosas entre personas del mismo sexo están protegidas por el derecho a la vida privada y familiar.

Por su parte, el despacho Freedom Law Chambers, que representó a Jones, calificó la resolución como una victoria para la igualdad, la dignidad y el respeto a los derechos fundamentales de las personas homosexuales en Trinidad y Tobago.