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Aseguró que la agencia estadounidense continuará persiguiendo a funcionarios que presuntamente protejan o favorezcan a organizaciones criminales.

El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, advirtió que la agencia continuará investigando y exponiendo los presuntos vínculos entre organizaciones criminales y actores políticos mexicanos, al asegurar que no dará marcha atrás en su estrategia contra la corrupción relacionada con el narcotráfico.

A través de su cuenta de X, el funcionario afirmó que la corrupción fortalece las redes de los cárteles y representa una amenaza para la seguridad estadounidense. Asimismo, sostuvo que la DEA mantendrá sus esfuerzos para identificar a quienes protejan o se beneficien de las actividades del crimen organizado.

Las declaraciones se produjeron días después de que Cole anunciara que la agencia, en coordinación con la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional (HSTF), perseguirá a funcionarios y políticos presuntamente vinculados con grupos delictivos, tras la sentencia de 22 años y medio de prisión contra Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, hermano de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La ofensiva estadounidense también ha alcanzado a funcionarios mexicanos. En abril, el Departamento de Justicia presentó acusaciones contra el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, por presunta colaboración con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Posteriormente, en septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 21 personas y 25 empresas por supuestos vínculos con una facción de dicha organización criminal. Entre los señalados figuraron personas cercanas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, así como exfuncionarios y presuntos operadores políticos.

Estas acciones forman parte de la estrategia del gobierno de Donald Trump contra los cárteles, que ha incluido sanciones financieras, acusaciones judiciales y presiones comerciales hacia México para intensificar el combate al narcotráfico.

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