Anunció el Gobierno de Nicaragua, presidido por Daniel Ortega, su retirada de toda actividad relacionada con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras conocer un informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, que instó a demandar al país centroamericano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por privar de la nacionalidad a nicaragüenses.

“Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarnos del Consejo de Derecho Humanos y de toda actividad relacionada con este Consejo y todos sus mecanismos satélites”, dijo la copresidenta nicaragüense y esposa del presidente Ortega, Rosario Murillo, a través de medios oficiales.

Murillo explicó que han oficializado su salida a través de una carta dirigida al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el embajador Jürg Lauber, que fue suscita por el canciller del país, Valdrack Jaentschke.

La decisión de Nicaragua, dijo Murillo, está basada en el último informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, el cual afirma que el Ejército nicaragüense participó activamente en la represión de las manifestaciones que estallaron en abril de 2018 y cometió ejecuciones extrajudiciales, y que el Gobierno sandinista ha desmantelado los últimos controles sobre su poder y para ello no ha dudado en cometer graves violaciones de derechos humanos.

Su Gobierno rechaza todas las falsedades, las falsificaciones, las calumnias, las mentiras, en un acto de decencia elemental, cumpliendo con ese sagrado deber de preservar decoro y orgullo.

“Repudiamos todos los insultos, todas las ofensas, todas las falsificaciones, todas las agresiones, todo lo que constituye la política colonialista que rige acciones de organismos que debían servir al bien de todos”, agregó.

La copresidenta indicó que, por esa razón, estaban haciendo llegar esa carta al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde hacemos referencia al autodenominado informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua.

A juicio de Nicaragua, el informe de los expertos, que el Gobierno no reconoce, al igual que los informes anteriores, las declaraciones, comunicados y actualizaciones, son una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos que cotidianamente instrumentalizan los derechos humanos usándolos como pretextos para injerencias en los asuntos internos de los Estados y para irrespetar la soberanía nacional.

En la misiva, Nicaragua acusó al Grupo de Expertos, a la Oficina del Alto Comisionado y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de haberse convertido “en caja de resonancia de quienes atentaron contra la paz y la tranquilidad, y son los autores de los múltiples asesinatos, secuestros, violaciones, aberraciones y ultrajes contra el pueblo nicaragüense, causando además destrucción y daños incuantificables a la economía nacional”.

Hasta ahora 452 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad tras una última acción de este tipo el pasado septiembre, cuando 135 opositores presos fueron expulsados a Guatemala como apátridas.