Advierten que la tecnología militar avanza más rápido que las reglas internacionales y exigen prohibir armas capaces de decidir por sí mismas quién vive y quién muere.
La ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) lanzaron una nueva advertencia sobre el desarrollo de armas autónomas y alertaron que el mundo se encuentra cada vez más cerca de un escenario en el que máquinas puedan seleccionar y atacar personas sin intervención humana.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric Egger, renovaron su llamado a los gobiernos para establecer límites urgentes al desarrollo y utilización de estos sistemas.
Ambos líderes ya habían solicitado en 2023 que los Estados prohibieran las armas plenamente autónomas a más tardar en 2026. Sin embargo, señalaron que la falta de acuerdos permitió que los avances tecnológicos continuaran mientras las normas internacionales permanecen rezagadas.
Las armas autónomas son sistemas capaces de identificar objetivos y utilizar la fuerza sin una intervención humana directa. Aunque hasta ahora no se ha confirmado el uso de armas completamente autónomas, la ONU y el CICR consideran que esta posibilidad ya no pertenece a un futuro lejano.

“Estamos peligrosamente cerca de cruzar una línea roja moral”, advirtieron, al señalar que el desarrollo de estas tecnologías aumenta el riesgo de ataques contra civiles e infraestructura durante los conflictos armados.
Guterres ha criticado en repetidas ocasiones la posibilidad de que una máquina tenga la capacidad de decidir sobre la vida de una persona. El mes pasado sostuvo que permitir que sistemas sin control ni juicio humano seleccionen y ataquen objetivos resulta “moralmente repugnante”.
Los expertos gubernamentales que analizan el tema dentro de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales concluirán próximamente su actual mandato. El objetivo es alcanzar un documento que sirva de base para futuras negociaciones internacionales.
La ONU y el CICR insistieron en que los gobiernos deben comenzar cuanto antes las negociaciones para establecer un instrumento jurídicamente vinculante que contemple prohibiciones y restricciones claras antes de que estas tecnologías se expandan fuera de control.








