El gobierno de España anunció una reforma de las leyes de asilo para adecuarlas al Pacto Europeo de Migración y Asilo de 2024, en medio de la crisis migratoria provocada por la llegada masiva de personas a Ceuta a finales de julio.

La portavoz del gobierno, Elma Saiz, también respondió a declaraciones de un ministro marroquí que se refirió a Ceuta y Melilla como “ciudades ocupadas”, al afirmar tajantemente que ambos territorios “son España” y constituyen además la frontera sur del país y de la Unión Europea.

Mientras continúa la tensión diplomática, el gobierno español busca acelerar la devolución y repatriación de los migrantes que aún permanecen en Ceuta, proceso que deberá realizarse respetando la legislación y los derechos humanos.

Más de 70 mil personas ingresaron a Ceuta entre el 30 y el 31 de julio, principalmente a nado o a pie desde Marruecos. Aunque la mayoría regresó posteriormente, entre 3500 y 7 mil personas permanecen en el territorio, incluidos numerosos menores no acompañados.

La situación ha generado dificultades para garantizar alimentación, agua, alojamiento y atención sanitaria, mientras las autoridades deben identificar individualmente a cada migrante para determinar quién puede solicitar protección internacional y quién debe ser repatriado.

Para acelerar los procedimientos, el Consejo de Ministros aprobó la creación de un “mando único” para Ceuta, encabezado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. La medida busca coordinar a las diferentes administraciones y agilizar la respuesta del Estado.

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, criticó al gobierno de Pedro Sánchez por considerar que actuó demasiado tarde y reclamó modificaciones a las leyes de extranjería y asilo para aumentar la capacidad de respuesta ante futuras crisis migratorias.

La situación en Ceuta mantiene además bajo tensión la relación con Marruecos, mientras Madrid intenta combinar el control fronterizo con sus obligaciones legales y humanitarias.