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La SCJN señaló que esta interpretación salva la constitucionalidad del artículo en cuestión, ya que armoniza la ley con el principio del interés superior de la niñez.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que será constitucional el poder utilizar de manera voluntaria, los fondos acumulados en la cuenta individual de ahorro para el retiro o Afore, esto para cubrir la pensión alimentaria de una persona menor de edad, siempre y cuando el deudor alimentario está desempleado y no tiene otra fuente de ingreso.

De manera unanime fue tomada la decisión por los cinco ministros que integran la Primera Sala del máximo tribunal. Tradicionalmente, este dinero solo puede ser retirado al cumplir cierta edad, al pensionarse o en situaciones excepcionales autorizadas por la ley.

Pero la los ministros consideraron que este dinero puede utilizarse de forma voluntaria, con autorización del titular de la cuenta, para asegurar el cumplimiento de una pensión alimentaria, siempre que el deudor no cuente con empleo y mientras no se agoten dichos fondos.

La pensión alimentaria es indispensable para asegurar la subsistencia del menor acreedor en su mínimo vital, hasta en tanto el deudor consiga un nuevo empleo, o bien se agote el monto de los recursos de los que se puede disponer voluntariamente.

En caso de que un padre o madre obligado a pagar pensión alimentaria pierda su empleo, y cuente con dinero acumulado en su Afore, puede autorizar el uso de ese recurso para seguir cumpliendo con su obligación, protegiendo así el derecho básico de la persona menor de edad a contar con lo necesario para su desarrollo y supervivencia.

La SCJN señaló que esta interpretación salva la constitucionalidad del artículo en cuestión, ya que armoniza la ley con el principio del interés superior de la niñez, que establece que todas las decisiones deben priorizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

La resolución marca un precedente importante, pues reconoce la posibilidad de flexibilizar el uso de los recursos de retiro cuando están en juego derechos fundamentales, como el acceso a la alimentación y a una vida digna para menores de edad.

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