La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó este día la entrega de 120 viviendas destinadas a grupos y organizaciones de pueblos indígenas residentes en la capital del país, un acto que simboliza —dijo— el cumplimiento de derechos fundamentales y el compromiso del Gobierno de la Ciudad de México con la justicia social, la inclusión y el bienestar de todas las comunidades.

Las viviendas se ubican en cuatro predios: tres en el Centro Histórico y uno más en la colonia Guerrero, zonas emblemáticas que reflejan el esfuerzo por garantizar que las familias más necesitadas puedan habitar en el corazón de la capital y no sean desplazadas hacia la periferia.

Brugada Molina adelantó que el próximo año se impulsará un nuevo eje de política habitacional, consistente en un programa de subsidio a la vivienda, que funcionará como apoyo directo para jóvenes que buscan rentar, para sectores populares que desean acceder a una vivienda sin contar con los recursos suficientes, y también para la población pensionada, cada vez más afectada por el incremento de las rentas en distintas zonas de la ciudad.

Resaltó que esta entrega tiene un significado especial porque se realiza en una ciudad pluricultural, plurilingüística y pluriétnica, donde la diversidad es un rasgo de identidad. En este sentido, las viviendas fueron destinadas a grupos indígenas de origen otomí, mazahua, purépecha, wixárica, chontal, tzotzil y triqui, comunidades que desde hace años residen y contribuyen a la vida social y cultural de la capital.

Ante vecinas y vecinos de la calle San Jerónimo, explicó que la entrega comprende 56 viviendas en las calles San Jerónimo; en Isabel la Católica, 40; en Academia, 16, en el Centro Histórico, así como ocho en la calle Sol, colonia Guerrero, con precios que oscilan entre 464 mil y 700 mil pesos, lo que demuestra —recalcó— que la ciudad está logrando producir vivienda social de alta calidad a bajo costo.

Subrayó que la construcción de vivienda social se ha convertido en un instrumento de transformación urbana y justicia territorial, que permite no sólo dotar de espacios dignos a las familias, sino garantizar que las comunidades indígenas y de bajos ingresos permanezcan en el centro de la ciudad, donde se encuentran sus redes sociales, laborales y culturales.