El Senado de la República reformará la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de proteger a los menores ante el alto uso de internet y redes sociales.

El dictamen aprobado por unanimidad, con 80 votos, señala que la seguridad digital se presenta como un aspecto fundamental para promover y garantizar su desarrollo integral, toda vez que se debe resguardar su privacidad, evitar la comisión de delitos cibernéticos y promover un entorno sano para su crecimiento emocional y educativo.

La senadora María del Rocío Corona Nakamura, del PVEM, dijo que este dictamen es a favor del interés superior de la niñez, particularmente, sobre seguridad digital, pues las niñas, niños y adolescentes hoy están en peligro en el internet, pues muchos de ellos son víctimas de delitos como la suplantación de identidad, corrupción de menores y extorsión, señaló la necesidad de reforzar las estrategias de protección infantil en todos los ámbitos, porque si bien hay avances se tiene que robustecer, pues un menor sin acceso seguro a la tecnología está en riesgo y en desventaja.

Este dictamen establece que es obligación del Estado garantizar la integración plena de niñas, niños y adolescentes a la sociedad de la información y el conocimiento, acorde a los fines establecidos en el artículo tercero constitucional, a través de una política nacional de inclusión digital universal en condiciones de equidad, asequibilidad, disponibilidad, accesibilidad, calidad y seguridad digital.

Informó que tan solo la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en su Balance Anual 2023, da cuenta de que 2.9 millones de menores de edad han sido víctimas de ciberacoso.

En México, el ciberacoso sigue siendo uno de los principales problemas que enfrentan niñas, niños y adolescentes en el entorno digital.

Entre las formas más comunes, el 5.5% de los adolescentes reportaron haber recibido insinuaciones sexuales no deseadas, mientras que el 5.6% fueron expuestos a contenido sexual no solicitado.

Al menos 127 mil menores denunciaron en 2022 la difusión no consentida de imágenes íntimas, lo que representa el 1 por ciento del total de adolescentes en el país. En 2023, más de 606 mil adolescentes fueron víctimas de suplantación de identidad utilizada para enviar información falsa o agresiva.

Entre enero y febrero de 2025, se registraron 5,862 delitos contra menores, lo que representa un aumento del 1.2 por ciento respecto al mismo periodo en 2024.

Por lo anterior, es urgente reforzar las estrategias de protección infantil en todos los ámbitos, dado que la gravedad y complejidad de estos problemas requieren de acciones por parte de las autoridades, trabajar en un reforzamiento legislativo y, por tanto, en políticas públicas con el apoyo de diversos sectores sociales, para enfrentar esta problemática.