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Utilizar una visa de turista para este fin no es permitido y es contrario a las leyes migratorias estadounidenses.

El gobierno de Estados Unidos negará visas de turista (categorías B-1/B-2) a mujeres embarazadas, sobre todo si los funcionarios consulares determinan que el propósito principal del viaje es dar a luz en el país para obtener la ciudadanía estadounidense para el bebé.

La práctica es conocida como turismo de nacimiento, y ha sido señalada por el Departamento de Estado como un abuso del sistema migratorio y ahora será motivo directo de rechazo de visa si se percibe como la intención del viaje, según un aviso de la Embajada de EE. UU. en India y otros consulados.

Esta decisión no prohíbe explícitamente que una mujer embarazada entre al país, pero los oficiales consulares y de aduana podrán negar la entrada o la visa si sospechan que viajará con ese objetivo. Factores como la fecha probable de parto, duración de la estancia y falta de seguro médico adecuado serán evaluados para decidir si existe intención de turismo de nacimiento.

El Departamento de Estado ha señalado que utilizar una visa de turista para este fin no es permitido y es contrario a las leyes migratorias estadounidenses, ya que estas dan automáticamente la ciudadanía a cualquier niño nacido en territorio de EE. UU. mediante la enmienda 14 de la Constitución. La medida busca reforzar el cumplimiento de las normas existentes y cerrar lo que las autoridades consideran un uso indebido de los permisos temporales de viaje.

También se suman más restricciones a las políticas de emisión de visas por parte de la administración actual. Recientes normas del Departamento de Estado permiten también que condiciones de salud crónicas o factores médicos, como obesidad, diabetes o enfermedades cardiovasculares, sean considerados por los funcionarios consulares al evaluar si un solicitante pudiera convertirse en una carga para el sistema de servicios públicos, aumentando así las razones para negar una visa.

Estas nuevas medidas se suman a propuestas que exigirían a turistas revelar años de actividad en redes sociales o datos biométricos, incluso para viajar bajo el Programa de Exención de Visa (ESTA), con el argumento de reforzar la seguridad nacional.

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