Miles de autobuses acataron un paro en la capital peruana y la colindante provincia portuaria de Callao para protestar contra las extorsiones y asesinatos que sufren por parte del crimen organizado, que han dejado 73 muertos entre sus trabajadores, desde septiembre de 2024 hasta diciembre pasado, lo que los convierte en uno de los sectores más golpeados por las bandas criminales.

Los gremios de transportistas anunciaron que 20.000 buses dejarían de trabajar en la capital peruana en esta jornada de protesta y en las primeras horas del día el paro fue prácticamente total, pero después del mediodía comenzaron a circular algunas empresas por las avenidas principales.

Sin embargo, también se vio que algunas empresas de transporte formal e informal, así como vehículos pequeños, transportaron a ciudadanos a sus trabajos, en la mayoría de los casos cobrando precios más elevados.

Otros servicios formales, como el sistema de transporte masivo del Metropolitano (autobús con carril exclusivo), los corredores complementarios de autobuses y las líneas del Metro, también mantuvieron sus operaciones con normalidad, con alta demanda de pasajeros.

Gremios como la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao (CTU) anunciaron que iban a paralizar el 100% de sus unidades y que durante el día realizarán movilizaciones pacíficas en diferentes puntos de la capital peruana.

Al respecto, el general Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional (PNP), declaró a medios locales que han desplegado a 13.000 agentes en la ciudad.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) pidió a las empresas que den prioridad al teletrabajo y otorguen hasta cuatro horas de tolerancia en el ingreso a los centros laborales.

Este es el primer paro que acatan durante este año las empresas de transporte público de Lima y el Callao, que durante 2025 ya protagonizaron varias protestas similares donde lograron paralizar sectores enteros de la capital.

Los gremios afirmaron que la delincuencia organizada les exige pagos para transitar por diferentes zonas de la ciudad, bajo amenazas de atacar a los autobuses y a sus trabajadores.

Consideraron que el estado de emergencia contra el crimen organizado, decretado desde octubre por el Gobierno de transición, que preside José Jerí, no está dando resultados positivos.