Hay motivos razonables para creer que el Gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele ha cometido crímenes de lesa humanidad como asesinato, encarcelamiento de niños, tortura, violencia sexual y desapariciones forzadas, en el marco del régimen de excepción impuesto desde marzo de 2022.

Esa es la conclusión a la que ha llegado un informe elaborado por un grupo internacional de expertos, quienes presentarán los hallazgos en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza.

Este señalamiento constituye la acusación más grave por violaciones a derechos humanos contra el presidente centroamericano, quien acumula decenas de denuncias en sus seis años y medio en el poder.

El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del estado de excepción en El Salvador (GIPES) se formó en 2024 y está integrado por cinco profesionales independientes de reconocida trayectoria.

El grupo cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), entre otras. Los expertos son: Susana SáCouto, Claudia Martin, Gino Costa, José Guevara y Santiago Canton.

El informe, de 275 páginas, se nutre de más de 1.700 fuentes primarias y secundarias, entre ellas entrevistas con víctimas, documentos oficiales de El Salvador, declaraciones de altos funcionarios de Gobierno, informes de órganos de protección de derechos humanos de la ONU, reportes de prensa y estudios de organizaciones de la sociedad civil salvadoreña.

Para determinar si los hechos analizados constituyen delitos de lesa humanidad, los expertos se basaron en los estándares del derecho internacional, como el Estatuto de Roma.

Este instrumento ha sido ratificado por El Salvador, por lo que tiene jurisdicción sobre actos cometidos por sus ciudadanos. Además, los expertos contemplaron los criterios del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR).

De acuerdo con el informe, el régimen de excepción perdió su característica de temporalidad y se transformó en una serie de políticas y prácticas que han causado violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, las cuales no pueden ser consideradas reacciones legítimas a una situación de emergencia, ni son casos aislados, sino parte de un patrón coherente, planificado y sostenido de acción estatal.

El documento señala que durante el régimen de excepción, miles de las cerca de 90.000 personas detenidas han sido privadas de libertad sin cumplimiento del debido proceso: muchas no fueron informadas de los motivos de su arresto, la policía realizó capturas para cumplir cuotas o basándose en apariencia física y tatuajes, el hábeas corpus resultó ineficaz y se implementó la figura de “jueces sin rostro”. Nayib Bukele reconoció que al menos 8.000 personas fueron detenidas sin causa justificada.

Diversos informes citados por los expertos señalan prácticas sistemáticas de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes como golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual, desnudez forzada, violencia psicológica y privación de alimentos, agua, atención médica y ventilación, mientras el Gobierno difundía imágenes de detenidos descalzos y sin camisa, exhibiendo sus rostros y calificándolos de terroristas sin condena judicial.

El documento señala además que, pasados casi cuatro años desde que inició el régimen de excepción, ya no existen argumentos que sostengan su propósito inicial de combatir a las pandillas, ya que los índices de criminalidad se han visto reducidos drásticamente.

El informe recomienda al Gobierno y a la ONU la creación de una comisión independiente de revisión de casos que trabaje para analizar y clasificar expedientes, buscando salidas legales y humanitarias para las personas detenidas injustamente y víctimas de violaciones a sus derechos.

Torturas, desapariciones y asesinatos

En conjunto, los expertos indican que las agresiones han sido atribuidas tanto a agentes del Estado (militares, policías y autoridades penitenciarias) como a personas privadas de libertad.