Unas 40.000 personas se vieron obligadas a confinarse en Colombia en el primer semestre de 2026 para proteger su vida en el conflicto armado, denunciaron la Defensoría del Pueblo y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

Una proporción significativa de los eventos de confinamiento afecta a comunidades indígenas y afrodescendientes, cuyos territorios presentan mayores niveles de aislamiento, precariedad institucional y dependencia de la movilidad para la subsistencia, lo que agrava el riesgo humanitario y limita la pervivencia cultural, expresó la defensora del pueblo, Iris Marín.

Según los organismos, la fragmentación e intensificación del conflicto armado han provocado un aumento significativo de casos de confinamiento.

Los 10 departamentos más afectados son Cauca, Chocó, Caquetá, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Putumayo, Magdalena, Meta y Guanía; son los departamentos donde la problemática ha cobrado más fuerza.

Los grupos armados ilegales restringen la movilidad y limitan el acceso a derechos básicos de las comunidades afectadas, en hechos que pueden prolongarse durante semanas o meses.

El confinamiento, según los organismos, pone en riesgo la supervivencia de comunidades enteras, afecta su relación con el territorio, vulnera sus prácticas ancestrales y restringe el ejercicio de los derechos fundamentales a la salud, la educación, la alimentación y la vivienda.

La defensora Marín expresó, por su parte, que si bien se registran esfuerzos por mantener la atención a la población confinada, la respuesta institucional continúa siendo insuficiente, fragmentada y en muchos casos tardía.