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Oaxaca, Michoacán y Quintana Roo encabezan las entidades con mayor número de servicios brindados.

La Red Nacional de Abogadas de las Mujeres ha brindado más de 28 mil servicios en todo el país desde su puesta en marcha, el 25 de julio de 2025, y hasta principios de abril de este año.

Esta cifra refleja el compromiso de la Secretaría de las Mujeres con la democratización del acceso a la justicia para las mexicanas. Se trata también de una encomienda de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para llevar la protección jurídica directamente a los territorios y comunidades donde más se necesita.

Cinco entidades federativas concentran el mayor número de servicios brindados por las especialistas. Oaxaca encabeza la lista con 5073 atenciones, seguida por Michoacán con 3774 y Quintana Roo con 3525 servicios. Completan el grupo con el número más alto de atenciones los estados de Colima, con 1799, y Querétaro, con 1767.

La Red Nacional de Abogadas de las Mujeres es una de las estrategias para materializar la reforma constitucional de la presidenta de México, que elevó a rango máximo la igualdad sustantiva y el deber reforzado del Estado para combatir las violencias.

Esta red se integra por 160 abogadas, distribuidas en todo el país de manera estratégica, cinco por cada entidad federativa, a las que pueden contactar a través de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEFs) o en los Centros LIBRE, o bien, las mujeres que así lo necesiten pueden llamar a la Línea 079 opción 1, para ser canalizadas.

Las Abogadas de las Mujeres brindan acompañamiento, orientación legal gratuita y litigio estratégico, a través de la coordinación de acciones en materia de protección, atención y erradicación de las violencias.

Este programa insignia busca romper con la herencia patriarcal del sistema de justicia que históricamente ha revictimizado a las mujeres. Por medio de una defensa integral y sensible, las abogadas contribuyen a construir un camino más directo para que las mujeres alcancen la justicia, al asegurar que cuenten con asesoría técnica y un compromiso ético frente a ministerios públicos y jueces.

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