El estado de Florida aprobó una nueva normativa que impide a migrantes sin estatus legal matricularse en los 28 colegios universitarios estatales, una medida que impactará a miles de jóvenes que cada año egresan de preparatorias en la entidad.

La disposición establece que los aspirantes deberán acreditar ciudadanía estadounidense o residencia legal para poder ingresar a estos “colleges”, instituciones que ofrecen carreras técnicas y, en algunos casos, programas de licenciatura de cuatro años. La decisión fue avalada por la Junta de Educación en una sesión virtual, en medio de críticas de organizaciones civiles que acusaron falta de apertura al diálogo.

La regulación también se extiende a programas de educación para adultos financiados con recursos públicos, incluyendo cursos de preparación para el examen GED y clases de inglés para hablantes de otros idiomas. Estas medidas se suman a una política similar impulsada previamente por la Junta de Gobernadores del estado, que busca aplicar restricciones en universidades públicas.

Actualmente, estudiantes migrantes pueden inscribirse en instituciones estatales, aunque sin acceso a ayuda financiera federal y bajo restricciones cada vez más estrictas. El cambio ha generado rechazo entre estudiantes y organizaciones proinmigrantes, que advierten un impacto directo en el acceso a la educación superior.

De acuerdo con el Florida Policy Institute, la medida también podría representar una pérdida de hasta 15 millones de dólares anuales en ingresos para el sistema educativo estatal.