El gobierno de Estados Unidos instruyó a su embajada en México y a más de 20 sedes diplomáticas alrededor del mundo a recopilar información sobre la presencia, actividades y posibles vínculos internacionales de grupos considerados de extrema izquierda, como parte de una estrategia de inteligencia impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

De acuerdo con documentos internos citados por The Washington Post, la solicitud fue enviada a mediados de junio a embajadas estadounidenses en América Latina, Europa y Asia, con el objetivo de identificar posibles conexiones del movimiento antifascista conocido como antifa y otras organizaciones que Washington considera relacionadas con actividades extremistas.

La iniciativa está encabezada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien convocó a representantes de más de 60 países para abordar lo que el gobierno estadounidense denomina como una amenaza de “terrorismo transnacional de izquierda”.

Hasta el momento, no se ha confirmado si México participó en la reunión internacional convocada por el Departamento de Estado ni qué tipo de información habría entregado su representación diplomática. Sin embargo, la embajada estadounidense en territorio mexicano se encuentra entre las sedes requeridas para recopilar datos sobre posibles actividades de estos grupos.

Según la información publicada por el diario estadounidense, algunas embajadas ya respondieron a la solicitud, aunque varias no coincidieron completamente con la evaluación de la Casa Blanca sobre el nivel de riesgo que representan estas organizaciones en sus respectivos países.

El nuevo enfoque de Washington ha generado críticas y preocupación entre especialistas en seguridad y defensores de derechos civiles, quienes advierten que una eventual designación de grupos antifascistas como organizaciones terroristas podría ampliar las facultades de vigilancia e investigación del gobierno estadounidense.

Expertos señalan que una clasificación de este tipo implicaría mayores herramientas legales para perseguir financiamiento, comunicaciones y presuntas redes de apoyo, pero también podría abrir un debate sobre los límites entre seguridad nacional, libertad de expresión y derecho a la protesta.

La estrategia forma parte de una política más amplia de la administración Trump para reforzar el combate contra movimientos considerados extremistas, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, mientras el gobierno busca establecer mecanismos de cooperación internacional para rastrear posibles actividades que considere amenazas a su seguridad.