El empresario Pavel Durov es señalado por Moscú de permitir el uso de la plataforma para actividades vinculadas con sabotaje y organizaciones extremistas.
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) emitió una orden internacional de búsqueda contra Pavel Durov, fundador y director ejecutivo de Telegram, a quien acusa de presunta complicidad con actividades terroristas dentro de una investigación penal abierta por las autoridades de ese país.
De acuerdo con el FSB, la plataforma de mensajería habría permitido la permanencia de diversos canales, chats y bots que presuntamente eran utilizados por servicios de inteligencia ucranianos y organizaciones consideradas extremistas para planear actos de sabotaje, ataques contra infraestructura estratégica, ciberfraudes y otras acciones vinculadas con el terrorismo.
Las autoridades rusas sostienen que al menos 46 jóvenes, de entre 12 y 22 años, fueron contactados a través del bot de citas “Leo Match”, el cual supuestamente era operado por agentes de inteligencia ucranianos que se hacían pasar por mujeres jóvenes para reclutarlos, manipularlos y posteriormente chantajearlos con el objetivo de involucrarlos en actos de sabotaje contra instalaciones energéticas, de transporte y cuerpos de seguridad rusos.
El FSB también acusa a Telegram de no retirar ese tipo de herramientas pese a las solicitudes de las autoridades, situación que, asegura, facilitó la operación de redes delictivas y grupos extremistas dentro del territorio ruso.
Pavel Durov, quien posee ciudadanía rusa, francesa y de Emiratos Árabes Unidos y actualmente permanece en Francia, ha rechazado reiteradamente las acusaciones. El empresario sostiene que el proceso judicial responde a un intento del gobierno ruso por incrementar el control sobre las plataformas digitales, restringir el acceso a Telegram y limitar la privacidad y la libertad de expresión de sus usuarios.
La orden de búsqueda internacional se da en un contexto de crecientes tensiones entre Moscú y las empresas tecnológicas, mientras el Kremlin endurece las regulaciones sobre internet y exige a las plataformas colaborar con las autoridades en la eliminación de contenidos considerados ilegales o vinculados con amenazas a la seguridad nacional.
