El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, respaldó la acusación formal presentada por la Fiscalía del Distrito Norte de Texas contra cuatro personas señaladas por presuntamente operar una red de suministro de armas para el Cártel de Sinaloa.

A través de su cuenta oficial en X, el diplomático aseguró que el combate al tráfico ilícito de armamento es una prioridad para la seguridad de ambos países y destacó que México y Estados Unidos deben mantener la colaboración para frenar el flujo de armas hacia organizaciones criminales.

Johnson señaló que rastrear las armas de fuego ilegales permite desmantelar las redes de abastecimiento de los cárteles, llevar ante la justicia a los responsables y reducir los riesgos para las comunidades.

La acusación fue presentada por un gran jurado federal del Distrito Norte de Texas e incluye 12 cargos contra Loyd Walter Hall, de 27 años, residente de Amarillo, Texas, quien es señalado como el principal operador de una red que presuntamente proporcionaba armas y apoyo técnico al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la investigación, entre 2024 y 2026 Hall y otros cómplices habrían mantenido contacto con integrantes de la organización criminal en Chihuahua, México, para adquirir y trasladar armamento, además de presuntamente ofrecer asesoría para evadir los controles de las autoridades estadounidenses.

El caso también involucra a Jesús Quezada Meza, ciudadano mexicano de 30 años residente en Texas; Omar Velásquez, de 44 años, residente de Utah; y Catlynn Ann Townsend, de 29 años, quienes enfrentan cargos relacionados con la compra ilegal de armas, tráfico ilícito y declaraciones falsas ante vendedores autorizados.

La Fiscalía estadounidense destacó que el Cártel de Sinaloa se encuentra designado como organización terrorista extranjera por Washington, por lo que los cargos adquieren una mayor relevancia dentro de las investigaciones de seguridad nacional.

Si Hall es declarado culpable podría enfrentar cadena perpetua en una prisión federal, mientras que Meza y Velásquez podrían recibir hasta 15 años de prisión y Townsend hasta cinco años.

Autoridades de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) señalaron que la investigación refleja la coordinación entre distintas agencias para combatir el tráfico de armas y las estructuras criminales transnacionales.

El fiscal federal Ryan Raybould afirmó que cada arma enviada ilegalmente a los cárteles incrementa su capacidad para fortalecer sus operaciones delictivas, mientras que funcionarios de seguridad destacaron que continuarán los esfuerzos para identificar y procesar a quienes faciliten recursos a estas organizaciones.