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Fuerzas de seguridad dispersaron con gases, balas de goma y chorros de agua una movilización contra la reforma sobre propiedad privada y venta de tierras a extranjeros.

Una manifestación convocada en rechazo a un proyecto de ley promovido por el gobierno del presidente argentino Javier Milei derivó en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad frente al Congreso de la Nación, en Buenos Aires, en una nueva jornada de tensión política y social en el país.

La protesta, realizada bajo la consigna “La patria no se vende”, reunió a organizaciones sociales, sindicatos, movimientos campesinos, agrupaciones políticas, estudiantes y ciudadanos que expresaron su inconformidad con diversas reformas impulsadas por el Ejecutivo, especialmente aquellas relacionadas con la propiedad privada, el uso de tierras rurales y los procedimientos de desalojo.

Con pancartas, banderas y consignas, los participantes denunciaron que algunas de las modificaciones propuestas podrían facilitar la concentración de tierras y afectar los derechos de comunidades rurales y pequeños productores, además de abrir la puerta a una mayor participación de inversionistas extranjeros en sectores considerados estratégicos.

Conforme avanzó la movilización, se registraron momentos de tensión cuando un grupo de manifestantes intentó acercarse a los accesos del Congreso. En respuesta, las fuerzas federales implementaron un operativo para despejar la zona utilizando gas lacrimógeno, balas de goma y camiones hidrantes, mientras algunos manifestantes respondieron lanzando piedras y otros objetos contra los elementos de seguridad.

Tras varios minutos de enfrentamientos, la policía logró desalojar la plaza ubicada frente al recinto legislativo y restableció el control del perímetro, aunque la movilización continuó en calles aledañas con pequeños grupos de inconformes.

El principal punto de controversia fue el apartado de la iniciativa que proponía flexibilizar las restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras, una medida que generó fuertes críticas por parte de organizaciones sociales, sectores agrícolas y legisladores de oposición, quienes advirtieron sobre posibles riesgos para la soberanía territorial y los recursos naturales del país.

Ante la falta de consenso político y el creciente rechazo social, el oficialismo decidió retirar temporalmente ese capítulo del proyecto con el objetivo de abrir nuevas negociaciones y buscar acuerdos que permitan avanzar con el resto de la iniciativa en el Congreso.

Sin embargo, otros aspectos de la propuesta continúan siendo analizados por el Senado, entre ellos modificaciones relacionadas con el régimen de propiedad privada, los procesos de desalojo y diversas disposiciones de impacto económico y ambiental, que siguen generando un intenso debate entre el gobierno, la oposición y organizaciones civiles.

La movilización se llevó a cabo pese a las intensas lluvias registradas en la capital argentina y volvió a evidenciar el clima de confrontación que ha acompañado varias de las reformas impulsadas por la administración de Javier Milei desde el inicio de su mandato.

El episodio representa un nuevo desafío para el gobierno argentino, que busca sacar adelante su agenda de cambios económicos y regulatorios mientras enfrenta la resistencia de distintos sectores sociales y políticos, en un contexto marcado por la inflación, el ajuste del gasto público y una creciente polarización en el país.

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