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El exjefe del Tribunal Supremo fue elegido por el Parlamento con la promesa de recuperar el Estado de derecho y reformar la Constitución.

El Parlamento de Hungría eligió a András Baka, de 73 años, como nuevo presidente del país, en un movimiento que simboliza un giro político frente al legado del ex primer ministro Viktor Orbán, quien gobernó durante 16 años.

Baka, jurista y antiguo presidente del Tribunal Supremo, fue destituido durante el gobierno de Orbán después de cuestionar reformas que, a su juicio, afectaban la independencia del Poder Judicial. Su regreso a la primera línea política ocurre ahora de la mano del nuevo gobierno encabezado por el conservador Péter Magyar, surgido de las elecciones de abril.

El nuevo mandatario recibió el respaldo de 140 de los 199 diputados del Parlamento, pertenecientes al partido gobernante Tisza. Seis legisladores de la formación ultraderechista Nuestra Patria votaron en contra, mientras que los 53 diputados de Fidesz, el partido de Orbán, decidieron no participar en la votación.

Baka fue separado de la presidencia del Tribunal Supremo después de denunciar que una reforma que reducía la edad de jubilación de los jueces podía convertirse en una purga dentro del sistema judicial. En 2016, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que su destitución había tenido un carácter político.

Su elección representa ahora una reivindicación de su trayectoria y una apuesta del nuevo gobierno por reconstruir las instituciones. Magyar ha planteado una reescritura participativa de la Constitución, proceso que podría extenderse entre 12 y 18 meses.

El nuevo presidente ha advertido que una mayoría parlamentaria de dos tercios no significa que el Gobierno pueda actuar sin límites y ha defendido la necesidad de recuperar los contrapesos democráticos.

Sin embargo, Baka enfrentará el desafío de respaldar la transición impulsada por Magyar sin perder su autonomía frente al Ejecutivo. Su llegada a la Presidencia marca así una nueva etapa política para Hungría y pone nuevamente en el centro el debate sobre la independencia judicial y el Estado de derecho.

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