La agencia documenta la presencia de nueve organizaciones criminales mexicanas, sus redes de distribución y lavado de dinero dentro del territorio estadounidense.
La ofensiva de Estados Unidos contra los cárteles mexicanos debería mirar también hacia el interior de su propio territorio. De acuerdo con la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2025 de la DEA, nueve organizaciones criminales mexicanas mantienen estructuras y redes de operación en Estados Unidos para introducir, distribuir y comercializar drogas ilícitas.
El informe señala que estos grupos controlan buena parte del tráfico mayorista de sustancias como fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína, además de establecer alianzas con organizaciones criminales estadounidenses para llevarlas hasta los consumidores.
Entre los principales grupos identificados se encuentran el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos, además de otras organizaciones consideradas por las autoridades estadounidenses como amenazas criminales transnacionales.
La DEA destaca particularmente la operación del Cártel de Sinaloa, cuyos integrantes y afiliados tendrían presencia en prácticamente los 50 estados. La droga ingresa principalmente por los puertos fronterizos de California y Arizona y posteriormente es trasladada hacia importantes centros de distribución como Los Ángeles, Phoenix, Houston, Chicago, Atlanta y Miami.
El documento también advierte que las redes asentadas en Estados Unidos utilizan redes sociales y aplicaciones de mensajería cifrada para comercializar drogas, reclutar distribuidores y establecer vínculos con pandillas y grupos locales.
La propia DEA reconoce que estas organizaciones no sólo representan un problema de tráfico de drogas, sino que también están relacionadas con violencia, intimidación y lavado de recursos. El informe incluso identifica vínculos con redes internacionales que facilitan el movimiento de dinero y el suministro de precursores químicos.
Ante este panorama, la lucha contra el narcotráfico no sólo implica vigilar la frontera. El propio diagnóstico estadounidense muestra que una parte importante de la estructura criminal ya opera dentro de Estados Unidos, donde encuentra mercados, distribuidores, consumidores y mecanismos para movilizar las ganancias ilícitas.
El desafío, por tanto, también alcanza a las instituciones estadounidenses encargadas de impedir que esas organizaciones consoliden sus redes dentro de su propio territorio.
