El Gobierno del presidente de Chile, José Antonio Kast, presentó este lunes ante el Senado una reforma constitucional en materia de seguridad que busca ampliar las herramientas del Estado para enfrentar al crimen organizado y el terrorismo.

La iniciativa, incluida en la llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), fue enviada con suma urgencia y contempla ocho modificaciones a la Constitución, las cuales deberán ser discutidas por el Congreso en un plazo de 15 días.

Uno de los principales puntos de la propuesta es la creación de un nuevo estado de excepción, que podría ser decretado por el Presidente ante una amenaza grave e inminente a la seguridad pública o cuando esta haya sido severamente afectada. La medida tendría una duración de hasta 120 días y podría ser prorrogada una vez por un periodo similar, mientras que cualquier extensión posterior requeriría autorización del Congreso.

Durante su aplicación, las zonas afectadas quedarían bajo la dependencia inmediata de un oficial general designado por el Ejecutivo. Además, el Gobierno podría restringir la libertad personal y de desplazamiento, así como los derechos de reunión y asociación.

La reforma también contempla facultades para interceptar, abrir o registrar documentos y comunicaciones, además de disponer requisiciones de bienes cuando las circunstancias lo requieran.

Otro de los ejes establece nuevas restricciones para personas condenadas por delitos relacionados con el crimen organizado o el terrorismo. Entre las medidas se plantea impedir de manera permanente que puedan ejercer cargos públicos y limitar durante 15 años el acceso a penas sustitutivas de prisión y determinados beneficios penitenciarios.

El proyecto también busca otorgar rango constitucional a la creación de registros de organizaciones criminales. El Presidente podría declarar que una agrupación constituye una organización terrorista o del crimen organizado, aunque necesitaría previamente un informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional. La declaración tendría que ser aprobada por el Senado en sesión secreta con una mayoría de dos tercios.

Chile mantiene desde 2022 un estado de excepción en cuatro provincias de las regiones de La Araucanía y Biobío, debido a episodios recurrentes de violencia, medida que ha permitido el despliegue de las Fuerzas Armadas para apoyar las labores de seguridad.

El gobierno de Kast sostiene que la reforma responde al crecimiento del crimen organizado en el país, que en los últimos años ha adquirido mayor presencia a través de actividades ilícitas y redes internacionales.

Aunque Chile no es productor de drogas como otros países de la región, su infraestructura portuaria lo ha convertido en un punto estratégico para el tránsito y distribución de estupefacientes hacia mercados de Asia, Europa y Estados Unidos.

La propuesta deberá ahora ser analizada por el Senado, donde enfrentará el debate sobre el alcance de las nuevas facultades del Ejecutivo y el equilibrio entre seguridad pública y protección de derechos fundamentales.