El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, decretó este miércoles el estado de emergencia económica, social y ecológica en 15 departamentos del país, como respuesta a los graves daños provocados por el terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el pasado 10 de agosto.

De acuerdo con el más reciente balance oficial, el desastre ha dejado al menos 314 personas fallecidas, 4 mil 437 heridas y 262 desaparecidas. Además, se contabilizan 262 mil 154 damnificados en 471 municipios afectados por el movimiento telúrico.

El impacto sobre la infraestructura también es considerable. Las autoridades reportan 30 mil 664 viviendas destruidas y otras 136 mil 946 con algún tipo de daño. A ello se suman 302 edificios colapsados y más de 5800 inmuebles que presentan afectaciones estructurales.

Mediante el decreto, la emergencia tendrá una duración inicial de un mes y permitirá al gobierno adoptar medidas extraordinarias para atender la crisis, movilizar recursos y acelerar las labores de reconstrucción. El Ejecutivo también podrá realizar operaciones presupuestales y de crédito público destinadas a financiar las acciones necesarias.

El terremoto tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y ha sido considerado uno de los desastres naturales más graves registrados en Colombia en las últimas décadas.

El gobierno anunció además la creación de un denominado “fondo milagro”, destinado a reunir recursos para reconstruir hospitales, escuelas, carreteras, aeropuertos y otros inmuebles afectados por el sismo.

Entre las medidas de apoyo previstas para las familias damnificadas se encuentran subsidios de arrendamiento para quienes perdieron sus viviendas, apoyo para el pago de servicios públicos, alivios tributarios y financieros y ayudas económicas para los sectores más vulnerables.

El Ejecutivo también contempla mecanismos de respaldo para comerciantes y pequeños empresarios que hayan sufrido pérdidas, con el objetivo de reactivar las economías locales y evitar que los efectos del terremoto se prolonguen más allá de la emergencia inmediata.

La declaratoria permitirá al gobierno colombiano concentrar recursos nacionales y gestionar apoyo internacional para atender a las comunidades afectadas, mientras continúan las labores de rescate, atención médica y evaluación de daños.