La administración del presidente Donald Trump elevó nuevamente la presión contra Cuba con nuevas sanciones económicas dirigidas contra empresas estatales y dirigentes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), además de reforzar la vigilancia sobre ciudadanos estadounidenses que viajaron recientemente a la isla.

Los departamentos del Tesoro y de Estado anunciaron sanciones contra nueve empresas estatales vinculadas con los sectores de minería, metales y construcción, así como contra integrantes de la dirigencia del ICAP.

El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó al organismo cubano de impulsar una red destinada a captar y radicalizar a ciudadanos estadounidenses. También cuestionó la participación de simpatizantes internacionales en actividades realizadas en La Habana con motivo del centenario del nacimiento de Fidel Castro.

Las nuevas medidas se suman a la creciente presión económica de Washington sobre el gobierno cubano y a las restricciones que impiden a ciudadanos estadounidenses realizar determinadas transacciones con empresas propiedad del Estado cubano o vinculadas con él, incluidos hoteles, restaurantes y tiendas.

La ofensiva también alcanzó a viajeros estadounidenses. Funcionarios de Estados Unidos informaron que varias personas que regresaron de Cuba después de participar en actividades relacionadas con el aniversario de Fidel Castro fueron detenidas brevemente en el aeropuerto de Miami para revisiones adicionales.

A algunos de los viajeros les fueron incautados teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos para su inspección. Aunque posteriormente fueron liberados y se les permitió ingresar al país, autoridades estadounidenses advirtieron que podrían enfrentar consecuencias legales si se determina que violaron las restricciones vigentes.

Entre los sancionados por Washington se encuentra Fernando González Llort, presidente del ICAP, así como Noemí Ramona Rabaza Fernández y Leima Martínez Freire, integrantes de la dirigencia del organismo.

Las sanciones económicas también alcanzan a compañías relacionadas con la producción de níquel, importación de maquinaria y productos industriales, recursos minerales, construcción y suministro de trabajadores cubanos a entidades extranjeras, además de empresas dedicadas a la importación de vehículos, autopartes y materiales de construcción.

La administración Trump ha presentado a Cuba como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense y ha incrementado las medidas destinadas a limitar los recursos del gobierno de La Habana.

Mientras Washington sostiene su política de máxima presión, Cuba continúa enfrentando una profunda crisis económica, marcada por apagones, escasez de combustible y medicamentos, dificultades en el transporte público y una fuerte caída del turismo, uno de los principales sectores de la economía de la isla.

El gobierno cubano ha denunciado reiteradamente las sanciones y el embargo estadounidense, al considerar que las medidas afectan no sólo a las autoridades, sino también a la población.