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Al menos 47 personas fueron arrestadas en varias provincias bajo investigaciones por “obscenidad” y prostitución.

Las autoridades de Turquía detuvieron al menos a 47 personas durante una serie de redadas contra organizaciones y activistas LGBT+, en una operación que el gobierno justifica bajo investigaciones relacionadas con “obscenidad”, prostitución y la supuesta protección de los valores familiares.

La Fiscalía General de Estambul informó que los operativos se realizaron en 12 provincias y derivaron en la detención de 26 de los 38 sospechosos investigados. Durante las acciones fueron decomisados drogas, equipos digitales, alcohol de contrabando y un arma de fuego.

En Ankara, otras 21 personas fueron detenidas en una investigación relacionada con la organización LGBT+ Kaos GL, mientras cinco más permanecían en búsqueda. La propia organización aseguró que al menos 50 activistas habían sido detenidos y denunció que más de una decena fueron arrestados durante cateos en sus domicilios.

Las autoridades también bloquearon el acceso a decenas de sitios web y cuentas en redes sociales vinculadas con organizaciones y activistas LGBT+. El gobierno de Recep Tayyip Erdogan ha colocado la defensa de los llamados “valores familiares” en el centro de una campaña nacional denominada “Mi familia está a salvo”, dentro de su iniciativa “Década de la Familia y la Población”.

Organizaciones defensoras de derechos humanos calificaron las acciones como una escalada de la persecución contra la comunidad LGBT+. La Asociación Turca de Derechos Humanos acusó al gobierno de impulsar una política de discriminación y miedo, mientras que Nacho Sánchez Amor, ponente del Parlamento Europeo para Turquía, calificó las detenciones como una “escalada impactante” de la represión.

La Fiscalía sostiene que existen indicios de una supuesta influencia indebida sobre niños y menores en asuntos relacionados con orientación sexual e identidad de género. El ministro de Justicia, Akin Gurlek, señaló que las investigaciones coordinadas en varias ciudades abarcan a 162 sospechosos, nueve asociaciones y 13 empresas en 15 provincias.

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