Cinco años después del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, Estados Unidos recibió a 18 sospechosos que fueron trasladados desde Haití para enfrentar cargos relacionados con el magnicidio ocurrido en julio de 2021.

Los acusados fueron trasladados en un avión militar estadounidense desde Puerto Príncipe hasta Florida, donde serán presentados ante la justicia federal. El fiscal del Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, confirmó la operación y aseguró que las investigaciones continuarán para identificar a todas las personas que presuntamente participaron en la conspiración.

Entre los extraditados se encuentran 17 exmilitares colombianos y Joseph Badio, un antiguo funcionario del Ministerio de Justicia de Haití señalado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales presuntos planificadores del asesinato.

Moïse, de 53 años, fue asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia privada en Puerto Príncipe. Un grupo armado irrumpió en el inmueble durante la madrugada; su esposa, Martine Moïse, también resultó gravemente herida.

El magnicidio provocó una profunda crisis política en Haití y dejó un vacío de poder que posteriormente fue acompañado por un fuerte deterioro de la seguridad. El país tampoco ha conseguido celebrar nuevas elecciones nacionales desde el asesinato del mandatario.

La investigación estadounidense sostiene que la conspiración tuvo componentes internacionales y que parte de su planificación, financiamiento y apoyo logístico se realizó desde territorio estadounidense. En Florida, el proceso ya ha producido condenas: cuatro hombres fueron declarados culpables en mayo de 2026, mientras otros acusados se han declarado culpables y recibido penas de cadena perpetua.

El gobierno haitiano confirmó la entrega de personas relacionadas con el caso, aunque su Ministerio de Justicia no precisó inicialmente el número de extraditados. Las autoridades reconocieron además las dificultades que ha enfrentado la justicia haitiana para avanzar en el proceso.

Con esta operación, el caso entra en una nueva etapa ante los tribunales estadounidenses, mientras Washington mantiene abierta la investigación para determinar quiénes financiaron, organizaron, facilitaron o ejecutaron el asesinato de Moïse.