Francia vivió una de sus jornadas de protesta más numerosas del año, luego de que entre 256 mil y 450 mil personas, según las cifras de las autoridades y los sindicatos, salieran a las calles para rechazar los recortes presupuestarios planteados por el Gobierno de Sébastien Lecornu.

La movilización se extendió por distintas ciudades del país y reunió principalmente a estudiantes de secundaria, trabajadores, sindicatos y organizaciones de izquierda. En París, el Ministerio del Interior contabilizó 56 mil manifestantes, mientras que las centrales sindicales elevaron la cifra hasta los 100 mil.

El descontento tiene como uno de sus principales detonantes el proyecto de presupuesto para 2027, que contempla medidas de ahorro destinadas a reducir el elevado déficit público. El Gobierno defiende los recortes ante una deuda que ronda el 120 % del Producto Interno Bruto (PIB), además de la presión que enfrentan los bonos franceses en los mercados financieros.

Sin embargo, estudiantes y trabajadores consideran que las medidas pueden profundizar el deterioro de servicios públicos y afectar áreas esenciales. A esto se suma el aumento del costo de servicios básicos, particularmente la energía, situación que ha incrementado el malestar entre amplios sectores de la población.

Las manifestaciones se desarrollaron además en un ambiente de tensión por los enfrentamientos registrados durante las últimas semanas entre grupos de manifestantes y fuerzas de seguridad.

Uno de los episodios más graves ocurrió el lunes en la ciudad de Lens, donde un estudiante de 15 años perdió una mano durante unos disturbios registrados frente a un instituto. Las circunstancias exactas del incidente permanecen bajo investigación y han provocado nuevas acusaciones cruzadas sobre el uso de la fuerza y la violencia durante las protestas.

Desde que comenzaron las movilizaciones, a mediados de septiembre, más de 600 policías y gendarmes y alrededor de 200 estudiantes han resultado heridos. Las autoridades también reportan más de 5 mil arrestos, además de daños en centros educativos y mobiliario urbano que ya ascienden a varias decenas de millones de euros.

La creciente participación de estudiantes y sindicatos ha convertido las protestas en un desafío político para el Ejecutivo de Lecornu, que enfrenta el reto de contener el descontento sin renunciar a su objetivo de reducir el gasto público.

La magnitud de la movilización refleja así una creciente disputa sobre quién debe asumir el costo del ajuste económico y hasta dónde está dispuesto el Gobierno francés a llegar para sanear las finanzas públicas.