Una investigación basada en registros policiales documentó miles de casos en Inglaterra y Gales entre 2021 y 2025; las autoridades advierten que la cifra real podría ser mucho mayor.
Al menos 8 mil 500 delitos sexuales contra menores de 13 años fueron registrados por la Policía en escuelas o sus inmediaciones de Inglaterra y Gales entre 2021 y 2025, de acuerdo con una investigación de The Guardian basada en solicitudes de acceso a información pública.
El recuento equivale a casi cinco casos diarios y contempla cerca de 2 mil denuncias por violación o intento de violación, lo que representa aproximadamente un reporte de este tipo cada día.
Los registros muestran además que, en al menos mil 890 casos, el presunto agresor fue identificado como menor de 18 años. Aunque en buena parte de las denuncias no se especificó la edad del atacante, la investigación señala que en algunos casos podría tratarse de compañeros de escuela.
Las niñas aparecen como las principales víctimas. Cerca de dos terceras partes de los delitos en los que se documentó el sexo de la víctima correspondieron a menores de sexo femenino.
El problema no se limita a las agresiones sexuales. Las autoridades también contabilizaron más de 6 mil delitos relacionados con imágenes sexuales o prohibidas de menores de 18 años, incluyendo su posesión, producción, distribución o toma.
La investigación advierte que el número real de casos podría ser considerablemente superior, debido a que únicamente 33 de las 43 fuerzas policiales de Inglaterra y Gales entregaron información.
Los datos también registraron miles de delitos sexuales adicionales contra adolescentes de entre 13 y 16 años y otros casos contra menores de diferentes edades ocurridos dentro de escuelas o en sus alrededores.
Las cifras se conocen mientras Reino Unido enfrenta un creciente escrutinio sobre los delitos sexuales cometidos contra menores. Un estudio reciente señaló que el número de menores detenidos por este tipo de delitos alcanzó su nivel más alto de la última década.
El panorama vuelve a poner bajo presión a las autoridades educativas y policiales para reforzar la prevención, los mecanismos de denuncia y la protección de niñas, niños y adolescentes dentro y alrededor de los centros escolares.
