El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó el decreto 1525 de 2026, con el que su administración establece lineamientos para intervenir durante las manifestaciones sociales. El gobierno sostiene que la protesta pacífica es una garantía constitucional, pero advierte que no permitirá actos violentos, daños a bienes ni bloqueos que afecten servicios de emergencia.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, informó que la medida se aplicará durante las movilizaciones convocadas para este miércoles por sindicatos, organizaciones indígenas y otros sectores, quienes exigirán respuestas a demandas laborales, educativas y territoriales, además de expresar su rechazo a algunas decisiones gubernamentales.

El decreto establece que las autoridades deberán privilegiar el diálogo y la mediación; sin embargo, podrán intervenir contra personas que utilicen armas, provoquen incendios, agredan a terceros o retengan a alguien, sin necesidad de agotar previamente las etapas de negociación.

Respecto a los bloqueos viales, la disposición señala que no justifican por sí solos la disolución de una manifestación. Esta medida solo podrá aplicarse en situaciones excepcionales, cuando la obstrucción sea grave y prolongada y no exista otra alternativa menos restrictiva. El documento también establece que el uso de la fuerza deberá ser mínimo.