El Gobierno de Colombia ordenó la militarización de Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, ante el incremento de la violencia y los ataques atribuidos a grupos armados ilegales que operan en la región de Norte de Santander.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció el despliegue inmediato de efectivos militares en coordinación con la Policía Nacional, con el objetivo de reforzar la seguridad, recuperar el control territorial y proteger a la población. Aseguró que la medida será temporal y permanecerá vigente mientras se restablece el orden público.

Como parte de la estrategia, el mandatario anunció la puesta en marcha de la operación militar y policial Esparta, prevista para el 3 de noviembre, así como la creación de un bloque de seguridad para intensificar las acciones contra las organizaciones criminales, debilitar sus finanzas y detener a sus integrantes.

La decisión se produjo después del asesinato del político Miguel Castellanos Serrano, aspirante a la alcaldía de Cúcuta y exmayor de la Policía, quien fue atacado a tiros el pasado lunes cerca de una gasolinera. El exfuncionario había desempeñado labores de seguridad y gobierno municipal, además de encabezar acciones contra la delincuencia.

A este hecho se sumó la detonación de un artefacto explosivo cerca de un puente internacional que conecta Colombia con Venezuela, donde cuatro civiles y dos policías resultaron heridos.

La situación de seguridad también preocupa en la región del Catatumbo, ubicada a unos 70 kilómetros de Cúcuta, donde mantienen presencia grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las extintas FARC, que se disputan el control de las rutas del narcotráfico y otras actividades ilegales.

En los últimos días, los enfrentamientos y ataques con drones explosivos han incrementado el temor entre los habitantes. Uno de estos artefactos, atribuido al ELN, dejó tres civiles heridos, según autoridades locales.

Esta es la segunda ciudad que el presidente De la Espriella ordena militarizar desde que asumió el cargo, el pasado 7 de agosto. La primera fue Santa Marta, tras una serie de ataques contra establecimientos comerciales y vehículos.