Son decenas de miles de españoles que marcharon este fin de semana en protesta en toda España indignados por los altos costos de la vivienda, sin que se vislumbre un alivio.

Las autoridades gubernamentales informaron que 15 mil personas marcharon en Madrid, mientras que los organizadores afirmaron que una cantidad diez veces mayor salió a las calles de la capital. En Barcelona, el ayuntamiento indicó que participaron 12 mil personas en la protesta, mientras que los organizadores afirmaron que lo hicieron más de 100 mil.

La manifestación de angustia social que constituye una de las principales preocupaciones del gobierno de izquierdas y de los ayuntamientos de España fue organizada por activistas de la vivienda y respaldada por los principales sindicatos de España.

Esta crisis inmobiliaria ha golpeado con especial dureza en España, donde existe una fuerte tradición de propiedad y escasa vivienda pública en alquiler. El aumento de la demanda impulsó los alquileres. Comprar una vivienda se ha vuelto inasequible para muchos, debido a las presiones del mercado y la especulación que impulsan los precios al alza, especialmente en las grandes ciudades y las zonas costeras.

Una generación de jóvenes afirma tener que quedarse con sus padres o gastar mucho dinero solo para compartir un apartamento, con pocas posibilidades de ahorrar lo suficiente para comprar una casa algún día. Los altos costos de la vivienda significan que incluso quienes tradicionalmente tienen trabajos bien remunerados tienen dificultades para llegar a fin de mes.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, dijo en X que comparto la reivindicación de las numerosas personas que han marchado hoy: que las viviendas sean para vivir y no para especular.

El alquiler medio en España casi se ha duplicado en los últimos 10 años. El precio por metro cuadrado pasó de 7.2 euros (7.90 dólares) en 2014 a 13 euros el año pasado, según la web inmobiliaria Idealista. El aumento es mayor en Madrid y Barcelona.

Los ingresos no han podido mantenerse a pesar del reciente auge económico de España, especialmente para la gente más joven en un país con un desempleo crónicamente alto.

España no cuenta con la vivienda pública en la que han invertido otros países europeos para proteger a los inquilinos de un mercado que los está dejando fuera de sus posibilidades por precios prohibitivos.

España se encuentra en el extremo inferior de la clasificación de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde la vivienda pública en alquiler representa menos del 2% de la oferta total de viviendas. La media de la OCDE es del 7%. En Francia, es del 14%, en el Reino Unido del 16% y en los Países Bajos del 34%.

Inquilinos indignados señalan casos de fondos de cobertura internacionales que compran propiedades, a menudo con el objetivo de alquilarlas a turistas extranjeros.

El asunto se ha vuelto tan político que el ayuntamiento de Barcelona se comprometió el año pasado a eliminar gradualmente sus 10 mil permisos para alquileres de corta estancia, muchos de ellos anunciados en plataformas como Airbnb, para 2028.

Manifestantes en Madrid corearon “¡Fuera Airbnb de nuestros barrios!” y alzaron carteles contra los alquileres vacacionales. En Barcelona, alguien portaba un cartel que decía “No me voy, vampiro”, aparentemente un mensaje dirigido a un posible especulador inmobiliario que buscaba expulsarlo de su casa.

La principal iniciativa del gobierno central para reducir el coste de la vivienda es un mecanismo de limitación del alquiler que ha ofrecido a las autoridades regionales, basado en un índice de precios establecido por el Ministerio de Vivienda.