Washington impuso restricciones migratorias a personas señaladas por presuntos vínculos con corrupción y narcotráfico.
El Gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de restricciones de visa a más de 60 ciudadanos de Colombia y Bolivia, como parte de su estrategia para combatir la corrupción y el narcotráfico en América Latina. La medida fue comunicada el jueves por el secretario de Estado, Marco Rubio, y alcanza a funcionarios, exfuncionarios, políticos y otras personalidades, así como a familiares de algunos de los señalados.
En Colombia, las medidas afectan a 21 personas. Entre ellas se encuentra Ricardo Roa Barragán, expresidente de la petrolera estatal Ecopetrol y antiguo gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. También figura Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, además de otros políticos y exlegisladores.
En Bolivia, Washington anunció restricciones contra 40 personas, incluidos integrantes del ámbito judicial, legisladores y el exfiscal general Juan Lanchipa Ponce. Entre los señalados también se encuentra Rony Suárez Milliet, mencionado en investigaciones internacionales relacionadas con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
De acuerdo con el Departamento de Estado, las medidas forman parte de una política que busca impedir el ingreso a territorio estadounidense de personas cuyas presuntas actividades corruptas o relacionadas con el narcotráfico puedan perjudicar la estabilidad institucional y la política exterior de Washington en el hemisferio occidental.
La decisión amplía las acciones emprendidas por la Administración del presidente Donald Trump bajo la iniciativa regional denominada Escudo de las Américas, enfocada en fortalecer la cooperación contra el crimen organizado.
En el caso boliviano, las nuevas restricciones se suman a las anunciadas a finales de septiembre contra otros funcionarios, entre ellos el entonces fiscal general Roger Mariaca. Las medidas reflejan el endurecimiento de la estrategia estadounidense hacia funcionarios y figuras públicas de la región, aunque las restricciones migratorias no constituyen por sí mismas una sentencia judicial por los señalamientos mencionados.
