El gobierno encontró fraudes por miles de millones de pesos realizados a través de la Modalidad 40 del IMSS, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum.

Dijo que identificaron fraudes relacionados con las pensiones y por eso se tomó la decisión de regular la Modalidad 40.

Reveló que su gobierno hizo un análisis sobre el tema y en consecuencia, se tomaron las medidas anunciadas.

La intención —afirmó— es que haya recursos suficientes para las pensiones.

En la víspera, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo con el que se cambia, de manera inmediata, el esquema con el que venía operando la Modalidad 40, para quienes quieran acogerse a ella.

A partir de ahora y en adelante, los trabajadores que planean su jubilación tendrán un nuevo y acotado tope en el Salario Base de Cotización.

Podrán registrarse en la Modalidad 40 con su último salario y un aumento anual de una UMA.

Solo con eso. Ni un peso, ni una UMA más.

Ya no podrán registrarse con salarios superiores a esa base, como lo permitía el propio IMSS.

El tope máximo era hasta de 25 UMAS mensuales. Así lo permitía el régimen del IMSS.

Con los cambios anunciados anteayer en el acuerdo del IMSS, los próximos jubilados bajo la Modalidad 40 del IMSS tendrán este nuevo tope mínimo ajustado.

Las pensiones de los trabajadores ya no podrán alcanzar los niveles extraordinarios que alcanzaban con la versión original de la Modalidad 40.

Numeralia de la Modalidad 40

A la fecha son 798 mil pensiones asociadas a la Modalidad 40, que seguirán cobrando igual, en la misma fecha y sin ninguna afectación.

Son alrededor de 20 mil 508 millones de pesos al mes en nómina; anualizado, es por aproximadamente 246 mil millones, sin aguinaldo.

La pensión promedio es de 25 mil 694 pesos mensuales.

El salario pensionable promedio es de 999 pesos diarios; unos 30 mil 400 pesos al mes, con 1 mil 361 semanas cotizadas; es decir, más de 26 años. La pensión promedio equivale a cerca del 85% del salario con que se calculó.

Hay que señalar que los 798 mil pensionados son aquellos que antes de pensionarse pasaron por la Modalidad 40.

Y las personas que hoy están en la modalidad 40 y que en su momento se volverán pensionados, son 260 mil.

Problema económico y social

Para el gobierno y para el propio IMSS, la Modalidad 40, es un problema doble.

Por una parte, tiene que atender, cambiar y superar el elevado costo que representa la Modalidad 40 que originalmente venía funcionando adecuadamente y con el tiempo se convirtió en una industria del fraude.

Para los trabajadores, el cambio de la Modalidad 40, representa la cancelación de una vía legítima que les permitía aumentar sus ingresos por jubilación y compensar los raquíticos salarios con los que los patrones los registran ante el IMSS.

Se trata al mismo tiempo de un problema económico y social.

Hay muchas preguntas alrededor de la decisión del gobierno y del IMSS para cambiar la Modalidad 40.

Una de ellas tiene que ver con las facultades que tiene el propio organismo para cambiar el esquema.

Y otra tiene que ver con la realidad financiera del IMSS. En este caso, sin duda, la decisión de modificar la Modalidad 40, es correcta.

Será muy positivo, que una vez que el IMSS concluya su análisis, difunda los resultados del impacto que tenía la Modalidad 40; ¿cómo venía creciendo en su proceso fraudulento? y ¿Qué impacto tendrá a partir de los cambios?. Al tiempo.

Atisbos

Es inconstitucional la nueva Ley de Economía Digital para pagos digitales y electrónicos, sostienen los abogados Ron Snipeliski y Alfredo Uruchurtu, del despacho Uruchurtu & Snipeliski, en una alerta que envió a sus clientes.

Explica que con la nueva ley, la Secretaría de Hacienda podrá prohibir el pago en efectivo en los sectores que la propia dependencia gubernamental decida.

En la práctica cualquier actividad económica podría quedar incluida. Prohibir el uso de efectivo restringe la libertad de comercio establecida en el artículo quinto constitucional, señalan los abogados.

La nueva ley, a diferencia de la Ley Antilavado, que establece específicamente las operaciones y los montos a partir de los cuales no se puede usar efectivo, no define actividades, operaciones ni montos.

La nueva ley debería señalar cuáles son los sectores estratégicos y no dejar esa decisión a una autoridad administrativa, consideran los expertos.

Adicionalmente, señalan que la nueva ley de economía digital es desproporcionada porque no hay montos mínimos.

Además, el pago digital podría ser obligatorio para cualquier operación, incluso las más pequeñas, lo que podría dejar fuera a personas sin cuenta bancaria, sin tarjeta o sin conectividad. Y la excepción por “contingencia” que prevé la nueva legislación, genera incertidumbre jurídica porque no dice quién la declara, la verifica y cómo se prueba.